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La ONU, en su informe “Puntos críticos del hambre: alerta temprana de seguridad alimentaria”, publicado a principios de la semana pasada, advierte que el hambre amenaza en decenas de países. “Se espera que los efectos sean particularmente agudos, donde la inestabilidad económica y los precios en espiral se combinan con caídas en la producción de alimentos debidas a choques climáticos como sequías recurrentes o inundaciones”, señala la ONU.
La ONU agrega que “La situación actual es mucho peor que en la crisis de precios de los alimentos de 2007-2008, cuando 48 países registraron disturbios políticos y protestas”, y considera que lo que está sucediendo en Indonesia, Pakistán, Perú y Sri Lanka “es sólo la punta del iceberg”. Y lo más apremiante es que la ONU señala que: “Estamos en una carrera contrarreloj para ayudar a los agricultores de los países más afectados, aumentando rápidamente la producción de alimentos y potenciando su resiliencia”.
La hambruna tiene, en estos momentos, dos causas fundamentales: las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, y la guerra entre Rusia y Ucrania, alimentada, por supuesto, por las torpes acciones de la Unión Europea y Estados Unidos. En el caso de El Salvador, la Mesa por la Soberanía Alimenticia ha denunciado, de parte del Gobierno, el abandono, la improvisación y la falta de políticas públicas para apostarle al agro, y con ello mitigar la hambruna futura.
Aunque en El Salvador, la hambruna existe en municipios considerados partes del corredor seco, de ahí que la FAO no solo ha entregado permanentemente ayuda alimenticia, sino que ha creado programas, con la ayuda de los jefes edilicios, y proyectos para la producción de alimentos.
Al respecto, la FAO ha dicho: “El rezago de estos territorios se expresa, por ejemplo, en los altos índices de pobreza; para muestra, la tasa de pobreza multidimensional, para el 2018 en El Salvador fue de 28.8% y en el caso de los departamentos donde se ubican estos municipios presentaron prevalencias más altas, con relación al porcentaje nacional: Morazán 42.1%; Usulután 35.2%; y San Miguel 33.7%, situación que deriva en dificultades para que las familias accedan a una dieta variada y equilibrada acorde a sus necesidades nutricionales”. Pero también hay problemas de pobreza extrema, y por ende de alimentación en municipios de Sonsonate y Ahuachapán, entre otros. De hecho, en los gobierno del FMLN se identificaron en El Salvador, con ayuda de organismos internacionales, 50 municipios con mucha pobreza, para quienes se desarrollaron programas específicos, entre ellos la pensión universal para los adultos mayores, programa que el actual gobierno prácticamente ha eliminado, con su lógica perversa de borrar toda huella de los gobiernos de izquierda.
La Mesa por la Soberanía Alimenticia asegura que “El hambre está a la vuelta de la esquina, y se puede ver que están generando todas las condiciones de hambruna, cuando se marque la tendencia que no se puede importar en las cantidades que se hacía y una producción nacional debilitada, se puede elevar la complejidad de esta situación para la población y serán consecuencias graves”.
Lo anterior, la Mesa lo confirma, al denunciar que en el presente año, el gobierno dejó de entregar ciento once mil ciento trece paquetes de maíz para la temporada de siembra. Por cierto, la siembra de maíz inicia a mediados de mayo, al confirmarse el inicio de la estación lluviosa, lo que significa que a estas altura, hay plena seguridad que decenas de miles de manzanas de tierra no tendrán cosechas.
A lo anterior hay que agregarle el tema de los altos precios de los insumos agrícolas, sobre todo de abonas, que no solo se han encarecido por el tema de la guerra en Eurasia, sino por la falta de controles de precios reales en el país.
La Mesa señala que producir una manzana de tierra de maíz le costará al campesino 1,220.38 dólares, es decir, 339.53 dólares más, pues hace un año la inversión era de 780.85 dólares.
En el caso del frijol pasó de 847.22 por manzana a 1, 109 dólares. Esto golpea directamente a las familias campesinas, pero también a la población en general por el riesgo de escasez de alimentos, asegura la Mesa por la Soberanía Alimenticia, aglutinada por más de 23 organizaciones.
Y mientras la ONU alerta de la hambruna, y llama a tomar medidas, en El Salvador, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele solo se ocupa de transferir más fondos para la seguridad pública. La semana pasada ha solicitado $50 millones más para la seguridad pública, pese a que hace menos de dos meses le otorgaron más de $80 millones.
La seguridad del país, por supuesto, es importante, pero también lo es procurar alimentos, sobre todo, cuando hay alarmas mundiales.
