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Redacción Nacionales
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“La vivienda adecuada es un derecho humano”, dijo William Murcia, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), al señalar la importancia de contar con una política de “vivienda social”, para atender el déficit habitacional que ascendió al 91%, reportado por INCAE en el año 2016, que se intepreta de cada 100 personas, 91 no cuentan con una casa de habitación. En el desarrollo del Foro Conversatorio “Vivienda Adecuada: Una Deuda Improrrogable”, FESPAD, FUNDASAL, MOVI TIERRA,UCA y la Plataforma Nacional por el Hábitat, abordaron la temática del déficit de la vivienda con la generación de condiciones de dignidad, paz y seguridad.
Este derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) , y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC-ONU 1966), y las observaciones 4 y 7 , hechas en 1991 a esta instancia, de la cual el Estado salvadoreño es firmante.
“¿Por qué la vivienda es una deuda improrrogable?, porque hablamos de una deuda que ha persistido por décadas y el déficit habitacional, crece día a día, en nuestro país. Esto implica que el Estado salvadoreño debe resolver esta problemática, tomando medidas para que todas las personas puedan acceder a este derecho sin importar su condición económica”. explicó Murcia.
Asimismo, recalcó que el concepto de vivienda va más allá, de contar con la infraestructura, sino bajo el entendido que se trata de un “mundo de oportunidades y seguridad para las familias”, porque el acceso a la vivienda adecuada es materia de desigualdad en el territorio nacional. A lo anterior debe sumarse la derogatoria del Decreto Legislativo del año 2009, que contiene la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad, porque eleva la reincidencia de escenarios de desalojos para miles de familias y que atenta contra la dignidad humana.
“La vivienda es un derecho y no un escenario en el cual, la persona pueda acceder a la vivienda, porque existen factores económicos que lo permiten. Se debe, dejar de ver a la vivienda como mercancía, para ser vista como un derecho, una necesidad que debe ser suplida desde la estructura del Estado. Y si bien, hay acciones puntuales de atención, la problemática de atención de vivienda social es muy dispersa”, añadió.
“Hablamos de la denominación de un sistema de vivienda y hábitat, que cuente con las herramientas necesarias. Porque creemos, para que se desarrolle este sistema, debe contar con una política nacional de vivienda y hábitat y marque ruta para largo plazo y atender ese déficit grande habitacional, que existe en el país”, acotó Murcia.
Rosa Mélida Alvarado, de Movi Tierra, afirmó que hay familias que habitan asentamientos humanos en condiciones precarias y que están localizados tanto en la zona urbana como rural del país, y son quienes enfrentan este tipo de limitantes para echar andar sus proyectos de vida.
“Es urgente la implementación de una Política de Vivienda y Hábitat, formulada participativamente con los diferentes actores sociales, mientras no se tenga una ley que regulen estos derechos, y cuando ya se tengan se complementen”, dijo Alvarado.
José Baltazar Ayala, de FUNDASAL, consideró que como organizaciones defensoras de derechos humanos y que acompañan los procesos de población en situación de vulnerabilidad, hicieron un llamado urgente al gobierno para la creación participativa, aprobación e implementación de una Ley de Vivienda y Hábitat, que permita el acceso al suelo. “Se necesita financiamiento estructural para viviendas de interés social, que establezca la armonía entre ordenamiento territorial, desarrollo de hábitat y vivienda y, sobre todo, la creación de un sistema de vivienda que cuente con todos las herramientas ante el gran déficit habitacional”, dijo Ayala.
