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Cerca de 2,000 vendedores serían afectados con el reinstalo de los puestos en el mercado Hula-Hula, muchos no generan las ganancias necesarias para pagar $202.50 mensuales a la alcaldía. Foto Diario Co Latino/ Fernando Sánchez.

Vendedores informales de calle Rubén Darío preocupados por orden de desalojo

Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino

“Nosotros no le importamos a nadie, solo somos buenos para una campaña política, de ahí para allá, no te oyen, no te escuchan, y si vas a una reunión ellos te exponen lo que ellos quieren”, dijo un vendedor que prefirió mantener su anonimato, debido a represalias que las

autoridades podrían tomar, respecto al desalojo de locales que la alcaldía de San Salvador pretende hacer a finales de enero, en la calle la Rubén Darío.

A raíz de la orden de desalojo emitida por la comuna capitalina, la cual consiste en reubicar los locales de la calle Rubén Darío, en el centro de San Salvador, hacia el nuevo mercado Hula-Hula, muchos vendedores afectados dijeron sentirse preocupados al no tener la garantía de poder pagar la nueva renta impuesta por la alcaldía.
Cristina Zacapa, comerciante de fruta que vende en el lugar desde hace más de 5 años, comentó que la alcaldía ofrece a los vendedores una tarifa para nada rentable dentro de sus posibilidades de pago, pues habitualmente el pago es de $2.00 diarios, y el nuevo costo que la alcaldía pretende imponer es de $6.75.
“Hace como ocho días nos avisaron que supuestamente nos van a dar puestos allá, pero $6.75 se va a dar diariamente, y nos sale $200, pero algunos no tenemos la posibilidad para poder entrar (ser reubicados), porque a veces la venta está bien calmada, pero yo lo único que digo es que tal vez bajando la tarifa que está”, expresó la comerciante afectada. Los comerciantes expusieron que debido a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, las ventas han mantenido tendencia a la baja, aspecto que la alcaldía debería considerar para establecer montos de renta adecuados, en contraparte analizar la baja afluencia de personas que puede provocar la reubicación, elementos que afectarían la economía de los vendedores.

La política de la alcaldía a implementar afectaría a 2,000 vendedores informales, la tarifa impuesta representa el triple de lo que diariamente pagan y el monto no está dentro de sus posibilidades económicas

“Como vendedores informales no tenemos la capacidad para poder pagar 200 dólares con la crisis que estamos pasando”, manifestó un vendedor, el cual prefirió no ser identificado y quien argumentó que los intereses de la empresa son primordiales para la alcaldía.

Los comerciantes mencionaron que existe diálogo con representantes de la alcaldía, pero aún no se ha logrado concretar un acuerdo en cuanto a la tarifa de pagos, por lo que piden a las autoridades correspondientes escuchen las sugerencias para que ambas partes sean beneficiadas.

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