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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Unión Europea consideró que la Ley de Agentes Extranjeros podría restringir el acceso de los actores de la sociedad civil a la financiación, esencial para su funcionamiento y “vital para una democracia sana”, pues impone a las oenegés un impuesto del 30% a las donaciones que se reciben desde el exterior.
“La Unión Europea lamenta la Ley de Agentes Extranjeros aprobada por la Asamblea Legislativa salvadoreña”, encabezó el comunicado de la UE emitido este fin de semana. Según informó la UE, la Ley de Agentes extranjeros “contraviene las obligaciones de El Salvador en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que es Estado Parte” y “podría restringir el acceso de los actores de la sociedad civil a la financiación, esencial para su funcionamiento y vital para una democracia sana”.
El 20 de mayo, la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó la referida ley de forma exprés. La ley permitirá que Bukele cree todos los reglamentos que quiera para aplicarla, incluso, definir quién es “agente extranjero”. Sin controles ni límites. En manos del poder, esta ley puede usarse para callar a ONG, prensa y voces críticas tal y como lo han señalado diversos expertos y analistas.
“Si bien la Unión Europea mantiene su compromiso de apoyar el desarrollo económico y social inclusivo y sostenible en El Salvador, la nueva legislación sobre agentes extranjeros y la reducción del espacio para la sociedad civil podrían socavar el desarrollo y afectar negativamente la cooperación”, puntualizó la UE.
También, en su comunicado, la Unión Europea expresó su preocupación por las recientes detenciones de defensores de derechos humanos. En el último mes, han detenido a Alejandro Henríquez, Ángel Pérez, ambos líderes de la Cooperativa El Bosque y a Ruth Eleonora López a los tres, el sistema de justicia les ordenó detención provisional por seis meses.
En el caso de Ruth López se le señala de supuesto enriquecimiento ilícito; sin embargo, expertos y la misma opinión pública señala que su detención se debió por ser defensora de DDHH y por denunciar corrupción en el Gobierno de Bukele.
Este fin de semana también se conoció que el abogado constitucionalista, Enrique Anaya, férreo crítico del Gobierno de Bukele fue detenido y acusado de supuesto lavado de dinero.
La Unión Europea espera que las autoridades salvadoreñas respeten sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y al debido proceso, así como que garanticen su seguridad e integridad física.
Como respuesta, el presidente de la República, Nayib Bukele criticó a la UE y tildó a sus líderes como “burócratas”.
“El Salvador lamenta que un bloque envejecido, sobreregulado, dependiente de la energía, rezagado tecnológicamente y liderado por burócratas no electos todavía insista en dar sermones al resto del mundo”, comentó Bukele.
