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Redacción Nacionales
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En una resolución que ha desatado una ola de rechazo por parte de organizaciones civiles y defensores de derechos fundamentales, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador dictó este martes 10 de noviembre de 2026 una pena de 15 años de prisión en contra de Fidel Zavala, integrante del Equipo Técnico de la Unidad de Defensa Jurídica y Derechos Humanos (UNIDEHC). La condena, fundamentada en el supuesto delito de estafa por un monto de 4,000 dólares, ha sido catalogada por su equipo defensora como un acto de persecución política e instrumentalización judicial.
Un caso permeado por la controversia
El origen de este proceso penal se remonta a una serie de acciones legales y públicas vertidas por el propio Zavala. Tras haber sido víctima y testigo directo de presuntos abusos en los establecimientos carcelarios del país, Zavala denunció públicamente y en sede de la Fiscalía General de la República (FGR), en julio de 2024, la comisión de sistemáticas torturas y muertes ocurridas en los centros penales bajo el régimen del actual gobierno de Nayib Bukele.
A partir de ese pronunciamiento, según sostienen los abogados defensores de UNIDEHC, la FGR promovió de forma maliciosa procesos penales bajo el delito de estafa. Si bien en una primera etapa Fidel Zavala logró sentencias favorables que lo declararon absuelto e inocente, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) terminó anulando dichos fallos absolutorios, ordenando la repetición de los juzgamientos en tribunales penales que, a criterio de la organización, no otorgan las garantías mínimas del debido proceso.
Captura arbitraria y vulneración al derecho de defensa
El escenario para el activista se agravó drásticamente en febrero de 2025, cuando fue objeto de una captura bajo imputaciones vinculadas a la causa conocida como ‘La Floresta’, donde se le achacó el delito de agrupaciones ilícitas. UNIDEHC denunció que dicha detención formaba parte del proceso de criminalización directa hacia su labor de defensa de los derechos humanos.
De forma paralela a dicha detención, una Fiscal Auxiliar de la FGR presentó en secreto una nueva acusación penal por estafa. Durante las primeras audiencias de este nuevo requerimiento, a Zavala se le impidió contar con el patrocinio de sus abogados defensores de confianza. En su lugar, el juzgado le asignó una representación pública de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual, de acuerdo con los comunicados oficiales de la entidad de derechos humanos, incurrió en una omisión casi absoluta de actos defensivos eficaces.
Posteriormente, cuando los abogados particulares de UNIDEHC detectaron la existencia de estas causas activas que se tramitaban en reserva y asumieron la representación, formalizaron denuncias sobre las irregularidades ante el Tribunal de Sentencia. Pese a los reclamos presentados, la sede judicial desestimó las vulneraciones procesales reportadas y continuó con la tramitación de la causa penal que culminó en la reciente sentencia condenatoria.
Disputa mercantil vrs. Tipificación penal
El núcleo técnico del fallo dictado por el Tribunal Tercero de Sentencia estriba en una supuesta deuda de 4,000 dólares. No obstante, la defensa técnica ha sido enfática en señalar que las relaciones financieras invocadas por las supuestas víctimas devienen de contratos mercantiles legítimamente suscritos por la empresa de Fidel Zavala.
De acuerdo con los postulados jurídicos expuestos por UNIDEHC, la existencia de deudas no satisfechas dentro del tráfico mercantil constituye un asunto del orden Civil y Mercantil, debiendo ventilarse en los juzgados correspondientes y no en la jurisdicción penal. Asimismo, la defensa subrayó que las supuestas víctimas reconocieron en las audiencias de juicio y en la Vista Pública la autenticidad y existencia de dichos contratos mercantiles, lo cual desvirtúa la existencia de ardid o engaño característicos del delito de estafa.
A pesar de los instrumentos contractuales aportados como prueba documental de descargo, el Juez de Sentencia razonó que existió la intención de estafar, imponiendo una severa condena de 15 años de privación de libertad, decisión que la representación legal califica de arbitraria e incongruente con las evidencias incorporadas al expediente.
Acciones legales e internacionales en marcha
Ante el fallo de primera instancia, la UNIDEHC confirmó que interpondrá en los próximos días un Recurso de Apelación ante una Cámara de lo Penal superior con el objetivo de revocar la sentencia y lograr que el proceso sea declarado nulo. La organización reiteró que la condena carece de firmeza legal y responde a motivaciones de naturaleza política encaminadas a acallar las voces críticas en el país.
Finalmente, el equipo legal advirtió que activará de manera simultánea los mecanismos de protección de derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, al considerar que el caso de Fidel Zavala evidencia un grave deterioro de la independencia judicial y un patrón de instrumentalización del aparato de justicia en El Salvador.
