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Saúl Méndez
Colaborador
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) denunció lo que considera un caso de persecución política contra el defensor de derechos humanos, Fidel Antonio Zavala Pérez, luego de que el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador lo condenara a 15 años de prisión por el delito de estafa agravada.
A través de un pronunciamiento, la organización calificó la sentencia como injusta y sostuvo que la condena forma parte de una serie de represalias contra Zavala por su labor de acompañamiento a comunidades y sus denuncias sobre violaciones de derechos humanos en los centros penitenciarios.
El BRP recordó que Zavala fue detenido en febrero de 2025 junto a más de veinte personas vinculadas a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), en el contexto del conflicto por la posesión de terrenos en la comunidad La Floresta, ubicada en San Juan Opico, La Libertad.
El conflicto territorial se originó en mayo de 2024, cuando personas que alegaban ser propietarias de los terrenos comenzaron a derribar viviendas de familias que tenían más de 12 años de residir en el lugar. Ante la amenaza de desalojo, los habitantes se organizaron para defender su derecho de posesión y buscar asesoría legal.
UNIDEHC acompañó a las familias en sus procesos judiciales. Sin embargo, durante febrero de 2025, las autoridades realizaron detenciones contra dirigentes comunitarios y otras personas vinculadas a la organización. La Fiscalía señaló entonces a los detenidos por su presunta participación en una estructura dedicada a la comercialización irregular de terrenos.
“Como es sabido, en febrero de 2025, Fidel junto a 20 personas habitantes de la comunidad «La Floresta» en San Juan Opico, fueron detenidos por defender su derecho a una vivienda digna y acusados de manera fraudulenta de supuestamente formar parte de una red que comerciaba terrenos de manera ilegal, cosa que no ha podido comprobar la fiscalía. Sin embargo, en el caso de Fidel se le condena por un delito del que ya había sido absuelto y por el cual no había sido detenido”, explicó el BRP.
Zavala había sido detenido en 2022 por un caso de estafa, pero recuperó su libertad en 2023 tras ser absuelto por falta de pruebas. Por ello, cuestionó que ahora haya recibido una condena por un delito que ya había sido objeto de un proceso judicial anterior.
Tras esa detención, junto a UNIDECH, Zavala también había denunciado actos de tortura, corrupción y malos tratos dentro de los centros penitenciarios, por los cuales responsabilizó a funcionarios de la Dirección General de Centros Penales.
“Fidel junto a UNIDEHC denunció en reiteradas ocasiones a la Dirección de Centros Penales por los casos de tortura que se dan en las cárceles de este país; sin embargo, no se atendió dicha denuncia. Por el contrario, todas las personas denunciantes o están fuera del país en condición de exilio o se encuentran detenidos como el caso de Zavala”, recordó el Bloque.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la condena de 15 años corresponde a tres casos de estafa agravada, por los cuales Zavala fue declarado penalmente responsable de defraudar a igual número de víctimas por un monto total de $4,025.
Según la institución, los hechos ocurrieron en diferentes fechas entre noviembre de 2018, mayo de 2019 y febrero de 2021. El imputado habría captado dinero mediante falsas oportunidades de inversión en el mercado de divisas, utilizando la plataforma Forex y presentándose como representante en El Salvador de la empresa Capital Investment Corporation, S. A. de C. V.
La Fiscalía detalló que Zavala ofrecía a sus clientes altas rentabilidades y ganancias mensuales y anuales. Las operaciones se realizaban en oficinas ubicadas en el complejo Torre Futura, en la colonia Escalón, distrito de San Salvador, donde algunas víctimas entregaron dinero en efectivo y otras efectuaron transferencias bancarias y firmaron documentos contractuales.
Sin embargo, al transcurrir los meses sin recibir las ganancias prometidas, los afectados reclamaron sus inversiones. De acuerdo con la FGR, Zavala respondía con explicaciones falsas y aseguraba que las cuentas bancarias estaban bloqueadas.
El desglose del perjuicio económico presentado por la Fiscalía establece que una de las víctimas perdió $850, otra $2,000 y una tercera $1,175. La institución agregó que el juez determinó que el imputado ejecutó un plan preconcebido para engañar a los afectados, mediante acciones dolosas y engañosas para obtener un beneficio ilícito.
Ante la sentencia, el BRP hizo un llamado a organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos para que se pronuncien contra lo que considera una criminalización de Zavala y exijan su liberación.
“Con este tipo de condenas, queda claro el papel del órgano judicial en la aplicación de la justicia penal, que por un lado deja en libertad a un expresidente que confesó el desfalco al Estado con más de $300 millones y quien cumplió una supuesta condena de 10 años por ese delito y por otro lado condena a Fidel Zavala a 15 años por un proceso del cual ya había sido absuelto y declarado en libertad”, lamentó.
También pidió que las instancias judiciales actúen con independencia y apego a derecho, al tiempo que exhortó a la población a fortalecer los espacios de organización comunitaria frente a los desalojos, encarcelamientos arbitrarios y otras situaciones que la organización atribuye a políticas gubernamentales.
El BPR exigió al Estado salvadoreño detener la persecución contra defensores de derechos humanos, dirigentes comunitarios y profesionales que denuncian presuntos abusos de las instituciones públicas.
