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Redacción Nacionales
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A 37 años del asesinato de seis sacerdotes jesuitas, Elba y Celina Ramos, la búsqueda de justicia continúa siendo una deuda pendiente para El Salvador. Así lo sostiene Benjamín Cuéllar, histórico defensor de derechos humanos y exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), quien ha acompañado durante décadas los esfuerzos para que los responsables intelectuales y materiales de la masacre respondan ante la justicia.
En una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Cuéllar recordó que la lucha judicial por esclarecer el crimen comenzó prácticamente desde el mismo día de los asesinatos, ocurridos en noviembre de 1989, pero que los obstáculos institucionales y políticos impidieron durante años que avanzaran las investigaciones.
El defensor explicó que una de las primeras estrategias consistió en llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de obtener un informe de fondo que respaldara las exigencias de justicia en el sistema judicial salvadoreño.
La denuncia internacional fue presentada el mismo día de los asesinatos por el abogado argentino Juan Méndez. Posteriormente, el equipo jurídico continuó el procedimiento hasta conseguir un informe de fondo en diciembre de 1989.
Sin embargo, los esfuerzos para que las instituciones nacionales actuaran no dieron los resultados esperados.
Un proceso marcado por la impunidad
Cuéllar recordó que, ante la falta de avances en el país, decidió continuar trabajando en el caso junto con la abogada española Almudena Bernabéu, mediante una querella presentada ante la Audiencia Nacional de España.
En El Salvador, la denuncia ante la Fiscalía General de la República fue presentada en abril de 2000, después de esperar que concluyeran las actividades conmemorativas del martirio de monseñor Óscar Arnulfo Romero y las elecciones generales de aquel año.
Según relató, el entonces fiscal Belisario Artiga retrasó el procedimiento, hasta que finalmente presentó un requerimiento judicial que, a su juicio, no fue llevado ante el juzgado correspondiente.
La acusación contemplaba responsabilidades de seis militares y del expresidente Alfredo Cristiani, señalado por comisión por omisión y encubrimiento.
Cuéllar explicó que, en el proceso actual, ha participado como testigo de cargo de la Fiscalía. También relató el impacto que le produjo encontrarse en las instalaciones judiciales con personas vinculadas al operativo militar y que, según su testimonio, tuvieron participación en los hechos.
Para el defensor de derechos humanos, después de casi cuatro décadas, el proceso judicial representa una oportunidad para avanzar en el esclarecimiento de uno de los crímenes más graves de la historia salvadoreña.
Cuatro rostros de la impunidad
Uno de los planteamientos novedosos de Cuéllar es que la impunidad no debe entenderse únicamente como la ausencia de condenas judiciales. Retomando una reflexión del abogado chileno Roberto Garretón, explicó que existen cuatro dimensiones: judicial, política, histórica y moral.
La impunidad judicial se manifiesta cuando los responsables de graves violaciones a los derechos humanos no reciben una condena proporcional a sus actos. La política ocurre cuando personas señaladas o condenadas por crímenes de esa naturaleza continúan ocupando espacios de poder.
La dimensión histórica, agregó, aparece cuando los responsables son presentados como héroes nacionales, mientras que la impunidad moral permite que sean considerados referentes de la sociedad.
En ese contexto, destacó la condena contra el exmilitar salvadoreño Inocente Montano, dictada en España, como un avance importante para establecer responsabilidades por la masacre de la UCA.
Cuéllar sostuvo que ese proceso se desarrolló con garantías judiciales y debido proceso, condiciones que, a su juicio, no se respetan en el sistema de justicia salvadoreño.
Aunque Montano fue condenado judicialmente, el defensor considera que las otras dimensiones de la impunidad todavía deben enfrentarse para que los responsables no sean reivindicados políticamente ni convertidos en referentes históricos.
Del pasado represivo al régimen de excepción
Durante la entrevista, Cuéllar también estableció paralelismos entre la persecución que enfrentaron organizaciones religiosas y sociales durante el conflicto armado y las denuncias actuales sobre vulneraciones de derechos humanos.
Recordó que la vigilancia y persecución no se limitaron a los sacerdotes de la UCA. También alcanzaron a integrantes de la Iglesia luterana y otras comunidades religiosas que cuestionaban la injusticia social y la represión.
Mencionó el caso del obispo Medardo Gómez, quien fue vigilado y tuvo que tomar medidas para protegerse, así como las persecuciones contra integrantes de la Iglesia Bautista Emmanuel.
Para Cuéllar, aquellos hechos evidenciaban cómo las autoridades militares identificaban como enemigos a sectores religiosos y sociales que cuestionaban el orden establecido.
Al trasladar esa reflexión al presente, cuestionó que, bajo el régimen de excepción, las personas con menos recursos y posibilidades de defensa sean quienes enfrentan mayores riesgos de sufrir detenciones arbitrarias y otras vulneraciones.
Aclaró que no se trata de desconocer la existencia de delitos ni de defender a quienes los cometen, sino de exigir que todas las personas tengan acceso a la justicia y al debido proceso.
Desconfianza frente al discurso oficial
Cuéllar también cuestionó los recientes planteamientos gubernamentales sobre una eventual revisión de casos y la posibilidad de liberar a personas detenidas durante el régimen de excepción.
Frente a los anuncios oficiales, reivindicó cinco actitudes que considera fundamentales para la defensa de los derechos humanos: desconfiar de la información que se recibe, dudar, especular, pensar mal y no creer automáticamente en los discursos oficiales.
El defensor considera que las contradicciones en los mensajes gubernamentales obligan a la ciudadanía a examinar con mayor rigor las decisiones de las autoridades.
Asimismo, cuestionó que el régimen de excepción, vigente durante casi cinco años, se presente como una medida extraordinaria cuando, en la práctica, se ha convertido en una condición permanente de la vida nacional.
