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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Kenny Hernández abogado que forma parte de la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia (UNAJUD) presentó ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una solicitud de los casos desestimados por esa instancia que involucraba a exfuncionarios públicos en presunto enriquecimiento ilícito.
El jurista sostuvo que es importante conocer los informes de probidad que involucran a exfuncionarios públicos, y otros que aún siguen desempeñándose como tal y las motivaciones que llevaron a la sección de Probidad a desestimar la investigación de los mismos.
“Estamos pidiendo los informes de 2018 y 2019 porque ahí se dieron resoluciones importantes, y queremos ver si la Corte actuó con imparcialidad al tomar estas decisiones. Es de examinar el criterio que utilizaron para declarar que no había indicios de enriquecimiento ilícito en algunos casos importantes”, dijo Hernández.
Hernández se refirió a casos de presunto enriquecimiento ilícito como los de Ana Vilma de Escobar, Luis Mario Rodríguez, y otros funcionarios a quienes la sección de Probidad decidió exonerar de investigación por supuesta “falta de indicios”.
El miembro de UNAJUD consideró que es importante conocer estos criterios, para determinar si la CSJ actuó con coherencia y aplicó los mismos criterios para todos los funcionarios públicos señalados en la sección de Probidad sin hacer excepciones.
La solicitud del profesional del derecho se da luego que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) retirara la reserva a los informes de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, por lo que esta información puede ser solicitada por los ciudadanos.
Hernández también opinó respecto a un listado de funcionarios del actual Gobierno hecho público en el que se señala que casi todos incluyendo a Nayib Bukele Presidente de la República, no habrían presentado aún información sobre su patrimonio a la instancia antes mencionada, lo cual dificulta indagar sobre posibles ilícitos que se cometan en el futuro.
“Esperamos que los funcionarios cumplan con el mandato constitucional al que están obligados, a estas alturas no se sabe si la Corte emitió una resolución sancionando a estos funcionarios, como lo señala la Ley de Enriquecimiento Ilícito al no presentar esta información en los primeros sesenta días de gestión”, indicó el abogado.
A juicio del jurista la negativa de los funcionarios señalados en el listado de presentar información patrimonial, habla mucho de la seriedad con que toman su labor y en el caso de que desobedezcan este mandato constitucional, la CSJ debe iniciar el proceso de destitución de los servidores públicos.
