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Doris Rosales
@DiarioCoLatino
El Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University (CLALS) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), llevaron a cabo el panel-foro: “¿Es posible una CICI en el Salvador?”, en el que se evaluó la “plausibilidad e implicaciones” del establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador.
El tema de la Comisión Internacional contra la impunidad en El Salvador, está en la agenda del Presidente de Nayib Bukele, fue una de sus principales propuestas durante la campaña electoral, como medio principal para combatir la corrupción en nuestro país.
No es algo nuevo, en los primeros años de la presidencia de Mauricio Funes, también se planteó la posibilidad de crear una comisión de ese tipo, idea que fue entonces desechada. En la actualidad parece que esta iniciativa del presidente es más decidida, y hay una voluntad de realizarla con el apoyo internacional para disminuir la impunidad en El Salvador, manifestó Oliva.
El rector de la universidad, dijo que “hay un hecho que es muy cierto, El Salvador tiene un alto índice de impunidad, una impunidad que se extiende más allá de los corruptos y viene de hace muchos años, una impunidad que fue absoluta contra los crímenes de lesa humanidad y contra los crímenes de guerra, que tuvieron lugar durante el conflicto armado; una impunidad que deja a buena parte de los corruptos sin ningún juicio o condena.
Esto nos lleva a pensar que ni la Policía Nacional Civil ni la Fiscalía General ni el órgano de justicia, son efectivos en el combate a la delincuencia. Y que requieren de algún tipo de apoyo diferente a lo que se ha hecho hasta ahora, de apoyo técnico, organizativo, económico, en algunos casos, para realmente tener un efectivo control del crimen y poder condenar a los que son culpables de los distintos delitos que se comenten en nuestro país”.
Para la creación de una CICIES, debe existir un debate público que involucre a distintos sectores de la sociedad civil, para dialogar sobre el propósito de la Comisión y que se pretende lograr, expresó Charles Call, profesor de paz y resolución de conflictos de American University.
“Es decir, definir cuál es el mandato para no entrar en problemas relacionados con que la misión se está saliendo de sus límites haciendo cosas que no debe hacer, entonces, es importante para la misión saber qué priorizar, cuáles casos deben investigar y cuáles no. En segundo lugar tiene que ser constitucional y legal”, acotó.
Según el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Manuel Escalante, uno de los aspectos a considerar es la relación de la Comisión Internacional con los órganos estatales, en este caso, para garantizar la concepción de su finalidad, las relaciones que establezca esta comisión tendrán que ser de coordinación, no de subordinación con ninguno de los órganos. “Dado que su actividad giraría en torno a la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal, la interacción con la Fiscalía sería cotidiana.
No obstante, ni es constitucional que esta comisión sustituya a la fiscalía ni es conveniente que se subordine a la misma. En ese sentido, es necesario que está comisión sea autónoma y al mismo tiempo, tenga por finalidad el complementar, para fortalecer la capacidad de investigación y acusación de la fiscalía en el mediano o largo plazo”, explicó.
Escalante, también dijo que en los actos iniciales de investigación, esta Comisión tendría una mayor autonomía que en los actos de prueba, pues en estos últimos su participación estaría bajo la dirección de la Fiscalía. No obstante, los actos iniciales pueden incidir en la definición de una estrategia investigativa diseñada por la Fiscalía. Es decir, que en algún momento los actos iniciales, pasarían de ser meros indicios que orientan el inicio del proceso, a constituirse en verdaderas pruebas capaces de determinar el éxito de la acusación. En consecuencias es necesario garantizar la autonomía orgánica, para asegurar la pureza de los criterios técnicos de su labor.
“Es oportuno recordar que no solo la corrupción puede entenderse como un fenómeno generado por el crimen organizado, que provoca graves y directas violaciones a los derechos de las personas, ya sean por acción u omisión, sino que estas acciones también están ocurriendo a través del abuso de la fuerza pública. Actualmente, para combatir la violencia que provocan las pandillas, por ejemplo, los cuerpos policiales y militares están recurriendo a más y mayores acciones de represión, lo que también afecta a las personas y sus derechos en los territorios. La violencia que sufre la población proviene del crimen organizado, pero también ha comenzado a provenir de los agentes de seguridad.
Por tanto, una Comisión Internacional Contra la Impunidad, no solo debería enfocarse contra la corrupción, sino en la contención de la violencia actual, por medios pacíficos. Es decir, a través de la investigación y la acción penal, en el marco del estado de derecho”, concluyó Escalante.
