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¿Triunfó la impunidad?  

Sí, cheap así de sencilla es la respuesta, sin que ello indique de que estamos convencidos o no, de que el señor Carlos Miranda, abuelo de Katya Miranda, haya sido culpable o inocente. Es que, quien estaba y está obligado a decidir la inocencia de alguien es un juez o jueza, a partir de las pruebas contundentes de la Fiscalía General.

Para la familia de Katia, su madre y su hermana, está claro quienes fueron o quien fue el culpable, dado que la niña solo pudo haber sido sacada, violada y asesinada con el contubernio de alguien, si no es que por la mayoría, de quienes estuvieron cerca de la niña, ese domingo triste de Resurrección.

Que contradictorio, pues, mientras los cristianos el Domingo de Resurrección celebran por la creencia que la vida vence a la muerte, para la madre de Katia fue un domingo de dolor, de pena y de rabia, pues le robaron la vida a su apreciada hija.

Obviamente, la justicia falló en el caso de Katia desde el principio. Y es que, todos y todas las que pudieron ser testigos, o mejor dicho, los que pudieron defender la integridad física y mental de la niña, al final se volvieron cómplices en mayor o menor medida, pues, no movieron ni un tan solo cabello para contribuir al esclarecimiento del caso.

El asunto es más grave de lo que se ve, pues, el padre de la niña es un capitán del ejército, y que en la fecha del crimen -y quien debería haber velado por la integridad de la niña era él-, era miembro del Estado Mayor Presidencial.

Y si a esto le agregamos que esa noche y madrugada pernoctaba con ellos el tío de la niña, un subcomisionado de la Policía Nacional Civil, ex oficial del ejército, pues, la cosa se complica, y la conclusión que llega, por simple lógica, es que, con ese perfil de los pernoctadores, en ese lugar no se podría haber matado ni a una mascota, no digamos una inocente niña como Katy.

Hoy que la Sala pone en libertad al abuelo de la niña, no lo hace por haberse encontrado la “verdad”, es decir, la inocencia del condenado, sino por aspectos técnicos de ley, lo que incrementa el sinsabor de la falta de justicia en el caso.

Hay que recordar a la ciudadanía que la condena del abuelo de Katia y de otros, no se debió a evidencia científica, sino a esos entuertos que utilizaba en el pasado la Fiscalía (esperemos que ya no), como la figura delictiva del “secuestro impropio” y la figura del criteriado.

Por cierto, el tal Camila, el testigo clave, se trataba de un ex investigador policial, que era utilizado como tal en cualquier caso. Y es que, condenar a alguien con estos métodos, es nada más para calmar las aguas, mientras el caso está en el debate público, con la idea de que, luego, alguien reparará el entuerto, y todo seguirá igual: un caso sin resolver, y alimentando la penosa impunidad en el país.

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