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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Un representante de los trabajadores de las tiendas penitenciarias denunció que las actuales autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y de la Dirección General de Centros Penales, han hecho un mal manejo de la información acerca de la situación y funcionamiento de las tiendas ubicadas al interior de cada centro penitenciario.
Eduardo Bernal, portavoz de este sector laboral, desvirtuó las declaraciones de los funcionarios, quienes afirmaron que ASOCAMBIO, una organización no gubernamental creada para manejar los fondos de las tiendas penitenciarias, servía para beneficio de los extitulares del ministerio y de la dirección de penales.
ASOCAMBIO surgió en enero de 2019, como una forma de manejar los fondos de carácter mixto con los que funcionan las tiendas penitenciarias, “el dinero es privado porque a cada interno se lo depositan y cuando lo invierte en tiendas genera una utilidad, que pasa ser pública”, detalló Bernal.
Asimismo, manifestó que el futuro laboral de un aproximado de doscientos trabajadores de las tiendas penitenciarias es incierto, puesto que tras el inicio del Plan Control Territorial, el pasado 20 de junio, se prohibió el ingreso de proveedores para el surtido de las tiendas, por lo que los directores de cada presidio ordenaron liquidar los inventarios existentes.
Las existencias se liquidaron el mes pasado, afirmó Bernal, y añadió que tras el regreso del periodo vacacional agostino, la situación de incertidumbre es mayor pues al no existir productos a la venta temen una supresión de las plazas laborales.
“No nos notifican que estamos despedidos y anuncian la disolución de ASOCAMBIO, dicen también que éramos empleados de la dirección de centros penales y nos obligaron a renunciar para ser recontratados por la organización ¿cómo es que nos relacionan con ella, si las tiendas tienen más diez años de existir?”, expresó el vocero del sector laboral con respecto a la posición que han asumido las actuales autoridades del ministerio de seguridad pública sobre las tiendas penitenciarias.
El 27 de junio anterior, Rogelio Rivas, actual ministro de seguridad pública, presentó un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR), para solicitar se investigaran presuntos ilícitos en el manejo de los fondos provenientes del sistema de tiendas penitenciarias.
A los señalamientos de presuntas irregularidades se sumó el presidente de la República, Nayib Bukele, quien dijo que ASOCAMBIO percibió hasta 14 millones de dólares en ganancias, sin que la Corte de Cuentas de la República, tuviera oportunidad de auditarla al ser esta una institución privada.
Eduardo Bernal asegura que las utilidades que generaron las tiendas en 2018, fueron producto de los altos volúmenes de ventas de los productos y no por precios excesivos de los mismos, y explica que fueron utilizados para la compra de medicinas que se expiden en las clínicas y el pago de vestuario y kits de higiene para la población reclusa que no recibe visitas ni depósitos.
Bernal expuso que a la fecha se han realizado tres auditorías a ASOCAMBIO, de las que ningún resultado se ha hecho público aún, así como denuncia que las retenciones de seguro social, ahorro previsional y bancarias no se han pagado desde el mes de mayo.
El vocero de los trabajadores afectados llamó a instituciones como el Instituto de Acceso a la Institución Pública y la Defensoría del Consumidor para que verifiquen las presuntas irregularidades denunciadas por los actuales funcionarios en cuanto a precios de venta de productos en tiendas.
Además, instó a instituciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para que intervengan en los temas de transparencia y defensa de derechos laborales, respectivamente, ante las acciones que considera, ponen en riesgo la estabilidad laboral de cientos de trabajadores al cuestionar la transparencia con la que funcionaron las tiendas penitenciarias.
Los trabajadores de la red de tiendas buscan ser reconocidos como empleados públicos, por lo que solicitaron en una carta fechada el 29 de julio anterior, a las autoridades del sistema penitenciario y del ministerio de seguridad pública, que se entable una mesa de diálogo a fin de dar solución a la incierta situación de sus puestos de trabajo.
