Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
“Me torturaron y me condenaron por un delito que yo no cometí, como no había pruebas en mi contra se buscaron pruebas falsas”, relata Agapito Ruano, quien fue condenado a guardar prisión durante 15 años por el secuestro de Jaime Ernesto Marroquín.
Producto de un trato, entre la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el reo Francisco Javier Villalta, autor intelectual del secuestro, que se encontraba privado de libertad por la comisión del delito de extorsión, este, identificó como autor del ilícito a un individuo apodado “el Chopo”.
En la madrugada del 17 de octubre de 2000, la PNC capturó a Ruano mientras se encontraba en su casa junto con su cónyuge y su hijo de dos años de edad, utilizaron “fuerza necesaria” para realizar dicha captura. El imputado se encontraba durmiendo cuando los agentes policiales rompieron la puerta de su domicilio y procedieron a propinarle un golpe en el cuello, lo tiraron al suelo, lo esposaron y lo arrastraron hacia afuera de su casa, acusándolo de ser “El Chopo”.
A pesar de las reiteradas peticiones de Ruano y su grupo familiar al sistema Judicial, para que le dieran la oportunidad de demostrar que lo habían confundido, nadie le prestó atención.
Según Pedro Ruano, primo de Agapito, y quien asumió la tarea de demostrar la inocencia de su familiar, acudió a todas las instancias nacionales a pedir que se revisara el caso y se entrevistara a los testigos de descargo, pero no recibió ninguna respuesta satisfactoria, por lo que, habiendo agotado todas las instancias del Sistema Judicial Salvadoreño, Pedro Torres decidió buscar la justicia, que se le negó a su primo en el extranjero y el 12 de diciembre de 2003 interpuso una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el 2008, cinco años después la CIDH admitió la petición y en el 2013, es decir, tras diez años de la denuncia, aprobó un informe de fondo y formuló varias recomendaciones al Estado salvadoreño, una de ellas que se pusiera inmediatamente en libertad al imputado.
Producto de la intervención de la CIDH, el 5 de octubre de 2015, la Corte, por unanimidad, resolvió que El Salvador era responsable de la violación al derecho a la integridad personal y a la prohibición contra la tortura, por la falta de garantía del derecho a la integridad personal, por la violación de la presunción de inocencia, por la violación del derecho a la protección judicial y por la violación del derecho a la defensa.
Además, el Estado salvadoreño fue condenado a cancelar la cantidad de $300,000 a Agapito en concepto de indemnización por el daño material y moral ocasionado con la tortura y la condena injusta, además de becas para estudios universitarios o técnicos para Agapito y su grupo familiar, terapias psicológicas y psiquiátricas para los mismos, borrarle el record delictivo y colocar una placa en un lugar visible de la sede de la Unidad de Defensoría Pública con el propósito de despertar la conciencia institucional para evitar la repetición de hechos como los ocurridos en el caso.
Es así como la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores llevaron a cabo la develación de placa en cumplimiento de dicha sentencia emitida por la CIDH en el caso Ruano Torres contra El Salvador.
“Es una satisfacción que se den este tipo de eventos para que toda la población y el mundo entero sepa de los actos de corrupción que se dan en el país, como fui torturado y condenado a 15 años de cárcel siendo inocente, además de eso tuve que pagar 5,000 colones por responsabilidad civil y fui víctima de discriminación y difamación” manifestó Agapito Ruano.
Para Agapito esta placa es el recordatorio permanente del deber que tiene cada defensor público de hacer su trabajo de la forma correcta y representa un llamado al sistema judicial por la justicia, la legalidad y la igualdad ante la ley en un verdadero Estado de Derecho.
Hugo Martínez, Ministro de Relaciones Exteriores, dijo que este es un acto de merecida justicia en favor de Ruano Torres y su familia y una medida de reparación emitida por la CIDH.
“La corte estableció la responsabilidad del estado salvadoreño por la violación a los derechos y a la in observancia de las garantías judiciales en perjuicio del señor Ruano Torres quien fue condenado y cumplió en sus totalidad la pena que le fue impuesta por un tribunal acá en El Salvador” Dijo Martínez.
El canciller, además, reconoció y felicitó a Pedro Torres, primo de Agapito, por su tenacidad y perseverancia en el caso y reconoció que este acto debe concientizar a los defensores públicos en el ejercicio de una defensa justa y responsable para evitar la repetición de hechos como este.
Sonia Cortez de Madriz, Procuradora General de la República, manifestó que, aunque las violaciones en el caso no se dieron durante su gestión, es su responsabilidad como representante de la PGR cumplir con la sentencia de la CIDH.
“A la PGR le corresponde, según la sentencia, determinar la responsabilidad de los defensores asignados al señor Ruano y ejecutarles un proceso sancionatorio, colocar una placa conmemorativa a dicho caso en la institución, revisar los perfiles de los defensores públicos para determinar si están aptos para efectuar su labor, desarrollar talleres de capacitación a su personal para brindar un mejor servicio a la población, quiero informarles que ya estamos dándolos pasos respectivos para cumplir con estas medidas”, informó la procuradora.
Finalmente, José Agapito Ruano Torres espera que este caso sirva de ejemplo para otras personas que se encuentren en situaciones como la suya para que luchen por demostrar su inocencia y de no ser escuchados en el país que busquen ayuda en las instancias internacionales como él lo hizo.
