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Organizaciones de la sociedad civil calificaron como preocupante el alto nivel de endeudamiento aprobado por la Asamblea Legislativa, el reiterado irrespeto a los derechos humanos y a la separación de poderes de parte del órgano Ejecutivo, en el marco de la pandemia de COVID-19.
El doctor Iván Solano Leiva, miembro del Colegio Médico consideró -desde la perspectiva médica- que la cuarentena de treinta días implementada por el Gobierno en un inicio, se determinó sin base científica y que hasta hace poco se estableció en quince días.
El médico dijo, además, que la aplicación de pruebas tampoco debe ser aleatoria, sino focalizada, y recomendó al Gobierno fortalecer el sistema de atención primaria teniendo en cuenta que el 80 % de los casos de la enfermedad serán leves.
Solano agregó que la cuarentena total ya no es funcional, sino más bien debe enfocarse el esfuerzo en controlar el contagio comunitario ya existente. El galeno señaló que ante la negativa del Gobierno de aceptar asesoramiento del gremio médico, las estadísticas oficiales ya no parecen ser confiables.
En el ámbito económico, Ricardo Castaneda, representante del Instituto Centroamericana de Estudios Fiscales (ICEFI) observó que el mecanismo planteado por el Gobierno para estimular a las micro y pequeñas empresas las excluirá del beneficio, puesto que se les exige determinado récord crediticio.
Castaneda observó la necesidad de que el Estado minimice el impacto de la pandemia en la economía mediante una reforma fiscal que otorgue las herramientas para hacer frente al endeudamiento, además de que este nivel de deuda se vea reflejado en la respuesta a los efectos de la pandemia.
Para Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el trabajo de la Sala Constitucional es aceptable pero se ha limitado a las formalidades y señaló que la defensa de los derechos humanos no debe ser vista por el Gobierno como un obstáculo para la ejecución de acciones eficaces para el control de la enfermedad.
Baños exhortó al Ejecutivo a acatar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y a la ciudadanía en general a denunciar cualquier vulneración de derechos humanos de parte de agentes de autoridad en el marco de la emergencia sanitaria.
