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Sector privado y académico denuncia que el Gobierno ejecuta fondos sin pasar por el Comité de Emergencia. Además no hay informes escritos, ni un plan o ruta a seguir para la ejecución de los fondos aprobados para combatir la pandemia COVID-19.
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
La Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador (ANEP) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Cámara de Comercio e Industria, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Escuela Superior de Economía (ESEN), entre otras, pidieron ser eliminados del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación Económica por el COVID-19, tras alegar falta de organización y transparencia, entre otros motivos.
La solicitud fue presentada este lunes a la Asamblea Legislativa, en la que solicitan que dichas entidades sean eliminadas como parte fiscalizadora, al considerar que no hay organización para trabajar por velar por los fondos aprobados para combatir el COVID-19.
El documento firmado por los anteriores solicita la reforma de Decreto Legislativo 608 para que se modifique la integración de estas instituciones en el comité.
Entre las razones, detallan que no se cuenta con un informe oficial de las gestiones de fondos realizadas por el Gobierno. “Solo se han recibido presentaciones verbales, sin la correspondiente información para analizarla, por lo que no se conoce con certeza los recursos disponibles”, dicta el escrito presentado a la Asamblea Legislativa.
Además, denuncian que no ha sido posible concretar ninguna de las propuestas presentadas por ellos, impidiendo alcanzar en temas básicos como la organización.
También cuestionan que se han aprobado decretos para el manejo de la cuarentena que riñen con el respeto a la Constitución y los derechos humanos.
“Preocupa la forma en que se ha venido atendiendo la crisis de salud y la forma en cómo se han estado invirtiendo los fondos en las primeras etapas de la emergencia. Las declaraciones del Gobierno sobre el trato a los contagiados contrastan con los reclamos públicos que se ven en las noticias, dando la impresión de que aún existe improvisación y falta de planificación”
De igual manera, aseguran que no hay un plan de trabajo ni lineamientos a seguir para la fiscalización de los fondos por dos mil millones de dólares.
Gobierno reacciona
Ante la salida del sector privado y académico, la Secretaría de Prensa de la Presidencia emitió un comunicado en el que aseguran que estas entidades salen del Comité del Fondo de Emergencia al rechazar que sean sujetos a declaración patrimonial.
Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia aseguró que tras nueve reuniones, se venía trabajando positivamente y que estas instituciones mostraban su apoyo a las iniciativas del Gobierno. Sin embargo, los toma por sorpresa la renuncia de las instituciones como la ANEP, UCA, FUSADES, CAMARASAL y ESEN.
“Nosotros vamos a seguir adelante, vamos a pensar hacer públicas cada una de las actas para que la gente se de cuenta. No tenemos nada que andar escondiendo… El país necesita gente que se meta a la cancha a jugar, no necesitamos gente que esté de manera cobarde”, dijo Castro.
El secretario jurídico de la Presidencia, Javier Argueta explicó que el sector privado y académico habían solicitado reformar el Decreto de formación del Comité de Emergencia, ya que ellos pasaban a ser funcionarios públicos y por ley debían presentar declaración patrimonial ante la Corte Suprema de Justicia.
Además detallo que mientras no se reforme la ley estas instituciones se mantienen en el comité.
