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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Organizaciones jurídicas, de salud e infancia se unieron para pronunciarse ante las autoridades del Estado y exigirles el cumplimiento de la Constitución de la República e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos en sus actuaciones por el interés de la niñez y adolescencia del país.
Las organizaciones expresaron públicamente su preocupación por los impactos negativos a las garantías de niñas, niños y adolescentes en derechos como su bienestar físico y emocional, que derivan de las medidas de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
“Por ello, pedimos que se tomen en cuenta las medidas emitidas por el Comité de Derechos del Niño para atenuar los efectos de la pandemia, principalmente para las niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad: migrantes retornados, adolescentes víctimas de violencia sexual, niñez con discapacidad, en condiciones de acogimiento institucional, niñez en contención o centro de inserción social”, acotaron.
Sobre las condiciones de vida de todas las personas, que “se han visto abruptamente alteradas por la pandemia”, reiteraron el llamado del comité en la importancia del bien común de estos grupos poblacionales, atendiendo cualquier situación de impacto físico, emocional y psicológico, así como, los referidos a la educación, sanitarios, económicos, sociales y recreativos.
Una de las recomendaciones que destacan está referida al aseguramiento del aprendizaje “sin que exacerbe las desigualdades existentes ni reemplace la interacción alumno-maestro”, así como, alternativas de estudio al alumnado que tiene acceso limitado o nulo a la tecnología o internet, o no cuenta con el apoyo adecuado de los padres.
En cuanto al derecho a la alimentación nutritiva que recibían en el esquema escolar, consideraron que durante el período de emergencia se debería seguir garantizando los servicios básicos de atención médica, agua, saneamiento y registro de nacimientos.
No obstante, el impacto adverso de la emergencia, que genera poca disponibilidad de recursos financieros, sopesaron que no pueden ser tomadas por las autoridades estatales como “impedimento” para garantizar estos derechos de la población.
“Valoramos que la continuidad y endurecimiento de las medidas de aislamiento, confinamiento y contención afectan las condiciones socioeconómicas de los hogares más empobrecidos del país. Las restricciones de movilidad, la disminución de ingresos familiares, la carencia de alimentos y el encarecimiento de la vida amenazan en gran medida la seguridad alimentaria de las familias; en consecuencia, el crecimiento y desarrollo adecuado de las niñas, niños y adolescentes. Por ello, es urgente implementar acciones de protección social a las familias, estableciendo redes de apoyo para focalizar esfuerzos y abastecerles con alimentos y productos necesarios especialmente para aquellas con niñas y niños, que presentan mal nutrición, niñas y adolescentes embarazadas, entre otras necesidades médicas y prioritarias”, reafirmaron.
Asimismo, advirtieron la ausencia efectiva de las instituciones especializadas de esta población, como respuesta del Estado salvadoreño, en el marco de la emergencia de salud, a la que se suma la falta de coordinación del trabajo que realiza el Sistema Nacional de Protección Integral en los municipios y el territorio nacional.
“Percibimos que existe un incumplimiento a los mandatos legales que poseen el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, al no ejecutar a plenitud las competencias que les confiere la LEPINA, comprometiendo con ello su autonomía como instancias del Sistema Nacional de Protección”, manifestaron.
ADVMES, CINDE, FAD, FESPAD, FUNDAFAM, FUNDASIL, PRO-VIDA y SSPAS reconocen que la mayoría de la niñez y adolescencia vive en “condiciones de pobreza, exclusión y hacinamiento” y que muchos responsables familiares dependen de trabajos informales para generar ingresos económicos, lo que complica la subsistencia de estos grupos familiares, preocupación que se eleva por el endurecimiento de las medidas de confinamiento por falta de trabajos estables.
“Exhortamos a las autoridades del Estado a invertir en políticas sociales destinadas a mitigar y superar el impacto social y económico que provocan las medidas de aislamiento para que las niñas, niños, adolescentes y sus familias tengan acceso a condiciones de vida dignas en sus hogares: materiales, servicios básicos y acceso a bienes o productos que garanticen su supervivencia y pleno desarrollo”, puntualizaron.
