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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Lamentablemente el mensaje que se envía a todos los agresores de violencia contra las mujeres, es la impunidad”, señaló Patricia Portillo, de ORMUSA, en relación al trato “preferencial”, que han dado al magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil Eduardo Escalante, juzgado por agresiones sexuales a una niña de diez años.
En el marco del día nacional para la erradicación de la violencia sexual ejercida contra las niñas y niños, integrantes de la Alianza por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la Mesa de Coordinación Interinstitucional de Seguimiento al ODS-5, con el apoyo de Plan International El Salvador, se pronunciaron por una pronta y cumplida justicia para las víctimas de agresiones sexuales, así como eliminación de la impunidad que prevalece en los casos.
A veinte años del asesinato y violación de la niña Katya Miranda, de nueve años de edad, la impunidad prevalece, protegiendo a los victimarios, dentro de un sistema judicial indiferente con las víctimas.
Las organizaciones de derechos humanos y mujeres citaron cifras oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), que dan cuenta que recibieron 4 mil 304 denuncias, por violencia sexual para el año 2018. Que se traduce en doce casos diarios.
“Del total de esas denuncias la PNC, desglosó que el 76.51 %, fueron cometidos en contra de niñas y adolescentes (15 a 17 años) y que hubo un incremento del 23.56 % de estos delitos, al comparar cifras con el año 2017, que registró 3 mil 290 denuncias de violencia sexual”, explicó Portillo.
Sobre la violencia sexual, la mitad de las denuncias (44.28 %) se vinculan a la violación en menor e incapaz, a la que se suma una alta prevalencia de delitos de: estupro, acoso sexual y agresiones sexuales.
Loyda Robles (de FESPAD), señaló la urgencia de fortalecer el sistema de protección de la población infantil, adolescente y juventud, a fin de erradicar de manera contundente el flagelo de forma integral, en la prevención y también en la atención a las víctimas de esta violencia sexual.
“Este trabajo no lo estamos viendo en este momento. Lo que observamos es un sistema de justicia debilitado, que no procesa acorde a su deber a la problemática. Sabemos también que hay poca denuncia en esta situación, porque la población afectada no se anima a su denuncia por desconfianza en el sistema de justicia, por el estigma y discriminación que asigna la sociedad a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han sufrido este tipo de violencia”, argumentó.
Asimismo, consideró importante que este problema cuente con la atención integral e involucramiento interinstitucional de autoridades del Estado y grupos de poder, como medios de comunicación, religiosos, escuelas y familias e incluso las poblaciones vulneradas de niñez y adolescencia, preparándolos en conocimiento y dotarlos de herramientas legales de protección de sus derechos.
Adolfo Vidal, de Plan Internacional El Salvador, llamó a la reflexión sobre el incremento de estos casos de violencia sexual en un año (2017 a 2018) y en la disparidad de las cifras en la institucionalidad nacional, que consideró grave.
“En la data del CONNA encontramos 3 mil 800 casos, denunciados en 2018, el 35 % era precisamente violencia a la niñez y adolescencia. Lo que significa que el derecho más vulnerado es su integridad física, sexual, emocional y psicológica.
Es preocupante que las cifras vayan al alza, es preocupante que en casos emblemáticos muy poco esté pasando y es preocupante históricamente el tema de la mirada criminalizadora, no solo por el sistema judicial sino también la misma sociedad con las víctimas”, manifestó.
Aplicar los marcos normativos vigentes en igualdad de género y erradicación de la violencia, hacia niñas y mujeres de manera justa, oportuna y contundente, al aplicar justicia a los victimarios y proteja a las víctimas, así como el cumplimiento de compromisos internacionales, signados por el Estado salvadoreño, como el ODS-5, ODS-16.
