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Siguen matando a las ancianitas y los ancianitos…

José Roberto Osorio
Sociólogo

Noticias de los periódicos nos informan de muertes de  ancianitas y ancianitos, quienes  han sido matados por conductores de vehículos que por lo general se  conducen a excesiva velocidad, no siendo esta la única causa de tales accidentes.

Parece que uno de los deportes  nacionales es producir accidentes de tráfico, que tienen un costo humano incalculable –puesto que la vida humana no se puede tasar en dólares- y material en varios millones de dólares al año, incluidos los gastos en la recuperación de la salud de quienes tienen suerte y sobreviven a las aparatosas y destructivas catástrofes.

Las circunstancias han provocado que recientemente, algunos medios de  comunicación calificaran como “ola” o “racha” la ocurrencia de muchos accidentes de tráfico, debido a que estos se han incrementado.

Según OPS/OMS, un 70 % de la sociedad salvadoreña interactúa y se enfrenta todos los días con un sistema de tránsito muy complejo y peligroso, debido al aumento del parque automotor, el desarrollo exponencial del transporte público y la urbanización desordenada, que deja en promedio tres muertes por día, desde los últimos cinco años.

Ya se conocen ampliamente las  condiciones del transporte público, tanto en las características de los medios (buses, microbuses, taxis, pick-ups, camiones, etc.), de lo que es más grave y complicado, el comportamiento humano de motoristas y otro personal relacionado. Y como donde hay bastante agua proliferan los peces, la aglomeración de  personas facilita la comisión de  miles de actos delincuenciales  al día, entre los que se encuentran, como mínimo, el hurto, el robo y los asesinatos, que cobran la vida de conductores y de pasajeros. El transporte privado es también parte del problema. El sueño de muchas  personas es tener vehículo, aunque no tengan trabajo y los automotores se encuentran indisolublemente unidos a la comisión de delitos y crímenes, que suceden todos los días.

Parafraseando a los hermanos Coen (oscarizados directores de  cine), en el artículo de  opinión: “No es  país para viejos”, publicado en este periódico, comenté que este no es un lugar para que los ancianitos puedan vivir normalmente, mucho menos bien, así lo demuestran esas muertes por atropellamiento, que ya se están volviendo comunes y que a nadie conmueven o interesan, amén de las  desfavorables condiciones en que transcurren los últimos años de  vida de quienes han logrado sobrevivir.

Por otro lado, existe la creencia que los accidentes de tránsito son producto de la casualidad, y que se trata de eventos no predecibles, inevitables e imposibles de controlar. No obstante las diversas definiciones de accidentes de tránsito plantean, que se producen por la ocurrencia de condiciones potencialmente prevenibles.

El caos actual del transporte público y privado al que contribuyen en mucho el pésimo estado de las  vías  de  comunicación terrestre, es un fenómeno social inscrito en la crisis estructural del país, que puede disminuirse y paulatinamente, reducirse significativamente. Para ello se  debe mejorar la institucionalidad encargada, aprobar verdaderas  leyes que regulen de  manera efectiva a este sector y aplicar la normativa sin miramientos, sin pensar en no incomodar al grupo de personas involucradas en este asunto, suponiendo tal vez, que su voto cuenta; aunque no se  sepa bien para quien.

Pasarse semáforos en rojo, manejar sin licencia, en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias ilícitas, con vehículos que no se les da el mantenimiento adecuado o siquiera el mínimo, sin placas o identificaciones legales, sin precaución y a excesiva velocidad, hablando por el celular, la comisión de “faltas” de tránsito, que en muchos casos son verdaderos delitos y que los cafres realizan con impunidad,  considerándolas alegremente como destrezas o vivezas automovilísticas, son parte del diario vivir en este país digno de  mejores momentos. Queda pendiente la deuda de responsabilidad del Estado, cuya razón de ser es ocuparse del bien común, según lo manda la Constitución de la República.

Por lo tanto, el Estado está obligado a hacer posible los derechos contenidos en el Art. 2 Constitucional: “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”.

Ya antes y de forma reiterada se  han hecho llamados a los Estados y la sociedad en general, para que de manera efectiva garanticen la vida y la integridad de los ciudadanos con políticas de movilidad seguras, equitativas, saludables y sustentables.

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