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No omitimos que muchos diputados o diputadas, incluso, fracciones legislativas, han realizado acciones en la Asamblea Legislativa, criticables desde todo punto de vista.
No obstante, esas acciones no ameritan para mantener una campaña permanente de desprestigio contra la institucionalidad y la política.
Las campañas contra la Asamblea Legislativa y la política tienen como único objetivo desprestigiarla para finalmente anularla.
Algunos insensatos creen que desde la Sala de lo Constitucional se puede legislar, por lo tanto, no es descabellado pensar que el propósito último sea irle quitando legitimidad a dicho Órgano del Estado Salvadoreño.
La Sala, o mejor dicho, cuatro de sus integrantes, han respondido positivamente a demandas de inconstitucionalidad de quienes tiene en la mira a los partidos políticos y por ende a la Asamblea Legislativa.
El primer ataque contra la política y el Órgano Legislativo ocurrió, cuando por “decreto” de la Sala de lo Constitucional y no de la Asamblea, se legisló a favor de las candidaturas independientes.
Ataque contra los partidos porque, los cuatro abogados de la Sala y quienes interpusieron la demanda pretendían anulara a los partidos políticos para favorecer los candidatos no partidarios.
No obstante, este propósito fracasó, porque los salvadoreños siguieron votando por los candidatos de los partidos políticos.
Los cuatro abogados de la Sala no solo violaron la Constitución, concretamente el artículo 85, sino que usurparon las funciones de la Asamblea Legislativa, la única que puede modificar la Constitución, y la única llamada a legislar.
El ataque más grande que ha sufrido el Órgano Legislativo ha sido, sin lugar a dudas, la resolución de los cuatro abogados de la Sala, que anularon los diputados suplentes en la actual legislatura.
Es decir, a la par del desprestigio contra la Asamblea Legislativa y la política, han venido acciones concretas que le afectan directamente, mientras que la Sala de lo Constitucional, usurpando funciones, pretende erigirse como el máximo órgano de estado.
Por todo lo anterior, hay que ver con mucho ojo crítico y sospecha la campaña de desprestigio contra la Asamblea Legislativa.
La campaña reciente, de desprestigio, por los usos del fondo circulante, apegado a la legalidad, como ha sido comprobado, no es un simple ataque contra la Presidente del Órgano Legislativo y su partido, sino contra la política y la Asamblea misma.
La Asamblea Legislativa es un órgano que conforma el Gobierno de El Salvador, y por ende es parte de la institucionalidad democrática del país, y no deberíamos ni permitir que se usurpen sus funciones ni que se desprestigie con tal fin. Esto no quiere decir, en modo alguno, que la ciudadanía debe estar vigilante del actuar de cada diputado o diputada, pero atentar contra la institucionalidad es diametralmente distante a la vigilancia ciudadana.
