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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El Plan El Salvador Seguro (PEES) que desarrolló el gobierno anterior en las áreas de prevención de la violencia, control y persecusión penal y la atención y protección de víctimas, es una propuesta elaborada de manera integral que tuvo una amplia participación democrática; sin embargo, presentó problemas en la implementación por falta de recursos financieros, manifestó el director de FESPAD, Saúl Baños.
“El PEES fue muy bien diseñado para ejecutarlo, pero tuvo una baja asignación presupuestaria y eso daba grandes limitantes. De la recaudación del impuesto a la telefonía, menos del 15 % iba a la prevención, esta es una incoherencia; y tercero, había mucho tema discursivo de prevención pero esos fondos servían para pagar a empleados del Ministerio de Seguridad, PNC y personal de la Dirección de Centros Penales, allí se vaciaba la recaudación y llegaba poco a la prevención”, explicó Baños.
La Fundación de Estudios para la Ampliación del Derecho (FESPAD) realizó el foro “Impacto de las estrategias de seguridad pública en los derechos humanos de la población en condición de vulnerabilidad”, que se enmarca en el proyecto “Construyendo Paz”, que realizaron la investigación y presentación del estudio, con el apoyo de AID y la Unión Europea.
La investigación se realizó con la consulta a los actores sociales como gobiernos locales y líderes de comunidades en los siete municipios que cubrió el PEES, desde el 2015: Ciudad Delgado, Mejicanos, San Martín, San Salvador, Ilopango, Soyapango y Cojutepeque, que les permitió la recolección de datos y la reflexión sobre la necesidad de implementar a corto plazo medidas que prioricen a las comunidades y crear los puentes de diálogo, así como la sociedad civil organizada.
Saúl Baños fue enfático al afirmar que es un “error sistemático”, que los planes de seguridad desarrollados por todos los gobiernos anteriores en la historia del país han sido politizados y no estatizados para formar parte de la institucionalidad de país.
“Los partidos políticos que llegan al Gobierno utilizan el tema de seguridad como una herramienta política y no como un compromiso institucional, en donde el tema de la inseguridad se aborde de manera insterinstitucional. El Plan El Salvador Seguro fue un plan como pocos -con muy buenos antecedentes- pero no se logró consolidar. Y lo digo de manera generalizada, todos los planes que han antecedido al PEES, incluso el actual Plan de Control Territorial, que también tiene un componente de utilización política, incluso partidaria y que ha pasado con el PEES, pues ha sido desechado”, señaló.
FESPAD reitera en su informe que en El Salvador la violencia y la inseguridad es el principal problema, al citar la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad de 2018, que expone que más de las mitad de las personas entrevistadas (55.4 %) señalaron la “delincuencia” como primer problema de nación. Por tanto, la necesidad de trabajar de manera sostenida e integral en todas las aristas que genera la violencia.
“Uno de los elementos importantes que destacamos del PEES fue que permitía la evaluación de lo que se hacía y, actualmente, no hay oportunidad de hacer una medición de lo que está pasando, porque no tenemos información de en qué consiste el Plan Territorial. Así como el engranaje que construyó con los gobiernos municipales en la prevención de violencia”, consideró.
Héctor Carrillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de FESPAD consideró que el enfoque teórico del PEES fue integral, pero la falta de recursos no permitió un impacto más acentuado y de manera permanente.
“De cara a este Gobierno esperamos que le de énfasis al tema de la prevención y no se quede solo en el discurso, porque de las cosas que hemos podido analizar con la investigación en el terreno, las otras estrategias del gobierno anterior, la represión tuvo un impacto duro en la población, pero no se impulsó el componente preventivo y al final esto impide que se transforme la vida de las personas. No se pueden impulsar transformaciones a largo plazo y es por esto que recomendamos políticas públicas para la lucha contra la violencia social, con el eje central de derechos humanos”, sostuvo.
Otra de las recomendaciones que ofrecen al nuevo gobierno es la de realizar acciones para erradicar, perseguir y sancionar las manifestaciones de la violencia estatal, como herramienta para combatir la inseguridad, y atender integralmente a las víctimas de la misma, además de acceso inmediato a la justicia y reparación.
