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miércoles , 21 febrero 2018
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¿Qué se podrá hacer sin TPS?

Dr. Víctor M. Valle

Es tiempo de reflexión. ¿Por qué la gente de El Salvador necesita emigrar? Es algo que comenzó hace mucho tiempo. Como dicen las abuelitas cuando sus nietos van a Honduras o Guatemala: “Es que somos bien andarines”. Lo mismo pensaba el expresidente Sánchez Hernández cuando explicaba la gran emigración a Honduras que estuvo en la base de la guerra absurda de 1969: “es que somos andarines”.

Lo cierto es que la gente emigra porque en el país escasean las oportunidades y abundan las violencias. Violencias de todo tipo: directa como la delincuencia, el feminicidio y la conducta machista, o estructural como la pobreza y la desigualdad.

Cuando el éxodo -”río de dolor que va en camisa”, al decir del poeta popular Osvaldo Escobar Velado-, comenzó hace varios decenios era porque en El Salvador no había tierra para trabajarla, no había trabajos en fábricas, había represión política (1932, 1944, 1960, 1972, 1975…..) y hubo guerra en los años 1980.

Así como Fuenteovejuna, o sea, la sociedad mató al comendador en la célebre obra de teatro, podría decirse: “¿Quién expulsó al trabajador? La sociedad mi señor”.

Chile, Costa Rica y Uruguay, para mencionar tres países de Nuestra América, no tienen ni necesitan TPS. Con todo y sus problemas, tienen recursos e instituciones para atender sus poblaciones y hasta para recibir de otros países.

Claro, son países donde la gente, sobre todo los pudientes, pagan más impuestos que engrosan las finanzas públicas y hay fondos para programas sociales que alivian la pobreza y la desigualdad, dos males persistentes en nuestras sociedades.

Chile tiene 18 millones de habitantes, o sea el triple de El Salvador. Sin embargo su presupuesto público es de 60.000 millones de dólares, 10 veces más que el presupuesto de El Salvador. Costa Rica tiene el 70% de la población de El Salvador y su presupuesto es de 16.000 millones de dólares, o sea casi el triple del de El Salvador.

Y estos des-balances fiscales han estado en El Salvador desde siempre, desde que prestamistas y acaparadores de tierras embargadas tomaron el poder económico y político en El Salvador en el siglo XIX y apabullaron a sangre y horca y fuego las rebeliones indígenas de 1833 y expropiaron las propiedades comunales en 1879. Por eso no hay plata para programas sociales y los propietarios ponen el grito en el cielo cuando se habla de poner un impuesto a la propiedad, como hay en casi todos los países de la región.

Por eso emigra nuestra gente.

Para enfrentar al actual problema -el riesgo de deportación de algunos salvadoreños en Estados Unidos- hay que pensar en las profundas raíces del origen de nuestras emigraciones. Y sobre todo, ver el problema con sentido de patria, de historia y de futuro.

Veamos. Estados Unidos ha extendido la vigencia del TPS, prácticamente, por 20 meses, hasta septiembre de 2019. Es un plazo anunciado con suficiente antelación. En ese sentido, por trabajo político diplomático o por otras razones, hay un logro objetivo: no se corta abruptamente el estatus de TPS, sino que se extiende.

Mientras tanto, hay tiempo de pensar en cómo defender a los compatriotas para que, en números óptimos, se quedan en Estados Unidos después de haber estado mucho tiempo, algunos de ellos por más de 20 años. En las leyes de Estados Unidos siempre hay resquicios legales. Es cuestión de buscarlos y hallarlos… y aplicarlos correctamente.

Hay trabajo para abogados y activistas sociales que apoyan a los emigrantes.

Mientras tanto, no hay que dejarse influir por los profetas de la desgracia, muchos de los cuales son herederos putativos de los que extinguieron ejidos y masacraron campesinos, causas primeras de nuestras emigraciones.

No es cierto que Estados Unidos deportará inmediatamente a 200.000 compatriotas. Es un operativo muy costoso de varios cientos de miles de dólares y grandes esfuerzos logísticos para lo cual aún el país más poderoso del planeta no está preparado.

Hay en marcha un debate político y parlamentario sobre una nueva ley que regule las migraciones. Es año electoral y las comunidades son fuerte factor de cabildeo para que los congresistas de ambas cámaras se persuadan que es bueno legislar en favor de los de abajo.

Este es un año electoral de elecciones de medio período.

Así que no hay campo para declaraciones alarmistas con motivaciones políticas que denoten demagogia o ignorancia.

Ojalá este asunto no se maneje con sentido de propaganda política electoral y de posverdad. El país demanda seriedad y patriotismo y los compatriotas ahora en incertidumbre, hasta septiembre de 2019, necesitan apoyo de todo tipo.

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