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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
«El régimen estatal no tiene solvencia moral para perseguir a nuestros defensores ambientales”, reitera en un comunicado oficial la Asociación de Desarrollo Económico Social “Santa Marta” (ADES) , que integra la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, en reacción a más de 2 años de la captura ilegal de sus compañeros y líderes comunitarios.
“Este día (el 11) se cumplen 28 meses de la detención arbitraria de nuestros líderes comunitarios, acusados falsamente y perseguidos por denunciar las reactivación de los proyectos mineros que amenazan el agua y la vida del país”, afirmaron.
La captura de los ambientalistas : Antonio Pacheco, Saúl Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Rivas y Miguel Gómez, el pasado 11 de enero de 2023, en la Comunidad Santa Marta, Cabañas, por orden de la Fiscalía General de la República (FGR), ha generado un proceso judicial calificado como “irregular” por familiares y organizaciones defensoras de derechos nacionales e internacionales. Que sólo apunta a la “criminalización estatal” contra personas defensoras de derechos.
“Santa Marta y ADES, reiteramos nuestra denuncia de esta injusticia. Señalamos especialemnte la continuidad de la estrategia dilatoria que ha llevado a suspender 4 veces la nueva Vista Pública”, señalaron.
“Las que fueron programadas inicialmente para el 3 de enero, luego el 3 de febrero, después el 8 de abril y finalmente el 26 de mayo. Y la semana pasada supimos que la nueva fecha de la referida ahora es el 3 de junio próximo”, manifestaron.
Asimismo, denuncian, que el juez Hugo Bánzer Flores Alas, quien funge como presidente del Tribunal de Sentencia de San Vicente, se niega a renunciar a conocer el caso, de los líderes comunitarios.
No obstante que públicamente le han pedido que se excuse, por la evidente “implicación ética y claro conflicto de intereses”, porque el magistrado perteneció a la extinta Guardia Nacional (GN), uno de los cuerpos represivos del Estado, que fueron disueltos con la firma de los Acuerdos de Paz (1992), luego de comprobarse el cometimiento de delitos de Lesa Humanidad. (Informe de la Comisión de la Verdad).
“Flores Alas está inhabilitado para enjuiciar a excombatientes del conflicto armado, por haber pertenecido a una de las instancias del bando contrario en la guerra civil. Le exigimos que tenga la decencia de abstenerse de participar en este caso y de permitir que otro juez asuma su función”, argumentaron.
“Anunciamos también que en los próximo días, acudiremos a la Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que investigue el conflicto de interés de este juez”, reiteraron.
Régimen estatal sin solvencia moral y legal
En su pronunciamiento Santa Marta y ADES, cuestionó la “falta de solvencia moral y legal del régimen estatal” para perseguir a los líderes comunitarios, de Santa Marta, cuyo único trabajo ha sido la defensa del derecho humano de acceso al agua y del territorio frente a la industria de la minería metálica.
“La reciente confirmación periodística de las negociaciones del actual gobierno con las pandillas nos hace preguntar: ¿Cómo es posible que un fiscal general y unos jueces, que no procesan y dejan impunes a funcionarios corruptos que negociaron con criminales, se ensañen acusando y enjuiciando a personas inocente?”, expresaron.
“Más aún, ¿tienen legitimidad para actuar fiscales, jueces y magistrados cuya designación fue resultado de una correlación parlamentaria alcanzada mediante pactos con pandilleros que han extorsionado, torturado y asesinado a decenas de miles de salvadoreños y salvadoreñas?, ¿Pueden ser aplicadores de la ley y la justicia estos funcionarios, a pesar de que quienes los nombraron negociaron con la vida del pueblo salvadoreño?”, inquirieron.
La Comunidad Santa Marta y ADES, reiteró su “demanda de libertad” para los cinco líderes ambientalistas y llamaron a “las personas de bien” a tener una “reflexión profunda” sobre la justicia y la realidad que vive el país actualmente.
“Animamos a toda la población a no bajar la guardia y a mantener la resistencia contra la reactivación de la minería porque peligra el agua, la vida y el futuro de las presentes y futuras generaciones. ¡Libertad definitiva para los líderes ambientalistas de Santa Marta y ADES!” concluyeron.
