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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El Observatorio para el Fortalecimiento Institucional de Acción Ciudadana presentó el informe “Ejercicio del poder público durante la cuarentena por COVID-19”, donde la mayor cantidad de casos abiertos por presuntas vulneraciones a derechos humanos en el período del confinamiento fue contra empleados y funcionarios del Ministerio de Salud y Policía Nacional Civil (PNC).
Según el estudio, entre las conductas que produjeron la mayor afectación durante la cuarentena obligatoria está inobservar, omitir o ejecutar acciones negligentes e ilegales para la prevención y combate de la pandemia; prohibiciones para la entrada o abandono del país y retención ilegal en centros de cuarentena; restricciones ilegales y arbitrarias a la libre circulación o tránsito; denegación de información sobre diagnóstico y situación médica; malos tratos; omisiones y acciones negligentes e ilegales para el ejercicio de garantías procesales.
Para abordar la crisis de salud provocada por el COVID-19, el Estado salvadoreño implementó medidas sanitarias, aislamiento social, compras públicas de emergencia, búsqueda de recursos económicos a través de la suscripción de más deuda estatal, la suspensión temporal de las obligaciones en materia de transparencia y de acceso a la información, y otra serie de restricciones por medio de decretos ejecutivos, legislativos, acuerdos y resoluciones ministeriales, sin embargo, esta situación amplió el ámbito de actuación y discrecionalidad de los servidores públicos, que provocó una serie de casos concernientes a desviaciones y abuso de poder cometidos por diferentes autoridades estatales.
Acción Ciudadana calificó lo sucedido entre los meses de marzo y julio de 2020 como desviación y abuso de poder en detrimento de la población, donde no solo la salud de las personas se vio afectada, sino todo el resto de derechos estuvo en situación de vulnerabilidad y a expensas de la discrecionalidad con la que el gobierno manejo de la emergencia.
En todo el país se registraron 421 conductas vulneradoras de derechos humanos, agrupadas en 34 categorías, de acuerdo a datos de la PDDH, se evidenció un alto nivel de presuntas vulneraciones a derechos humanos como resultado de funciones públicas ejercida en la cuarentena por COVID-19, evidenciándose excesos o desviaciones de poder, con una alta posibilidad que se constituyan en conductas delictivas.
En este mismo período la Fiscalía General de la República (FGR) registró 192 servidores públicos a quienes se les atribuyó el cometimiento de delitos oficiales relacionados al ejercicio de competencias derivadas de la normativa especial que fue aprobada para el combate del COVID-19, el delito con la mayor incidencia fue el de actos arbitrarios. Siendo San Salvador el departamento con la mayor cantidad de imputados relacionados a este tipo de delitos, y los meses con el mayor registro de imputados fueron abril y julio.
El presidente de la República, la Junta Directiva de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la ministra de Relaciones Exteriores y el director general de Migración y Extranjería, fueron los servidores públicos que agruparon la mayor cantidad de demandas de las cuales tuvo conocimiento la FGR.
Durante 2020 la pandemia por el covid representó una prueba de fuego para el Estado de Derecho en El Salvador, específicamente entre los meses de marzo a junio se registraron una multiplicidad de presuntas vulneraciones a derechos humanos por parte de los actores estatales encargados de ejecutar las medidas de prevención y combate contra la enfermedad, lo cual fue ampliamente expuesto por los diferentes medios de comunicación.
Sin embargo, hay Estados en los que el ejercicio del poder público fue apegado estrictamente a principios de legalidad, constitucionalidad y respeto a Derechos Humanos, o su institucionalidad estuvo presta a prevenir y corregir el exceso o abuso del poder.
