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Redacción Nacionales
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La Sala de lo Penal ratificó la absolución de la ex primera dama de la República, Vanda Pignato, en el denominado caso «Saqueo Público», una resolución que pone fin al proceso judicial que enfrentó durante varios años por presuntos delitos relacionados con el manejo de fondos públicos durante la administración del expresidente Mauricio Funes, a quien nunca le comprobaron nada.
La decisión también confirmó la absolución de cuatro exempleados de la Presidencia de la República (CAPRES): Francisco Rodríguez Artega, Jorge Alberto Herrera Castellanos, Rigoberto Palacios Panameño y Pablo Gómez, quienes fueron procesados por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Asimismo, la Sala declaró desistido el recurso de casación presentado en el caso del exsecretario de Comunicaciones, David Marciano Rivas, quien mantiene una condena de ocho años de prisión por lavado de dinero. David Rivas siempre se ha declarado inocente, y en su momento denunció que la parte judicial, no aceptó sus pruebas de descargo, incluidos testigos claves de la misma Casa Presidencial.
La resolución judicial fue difundida este viernes y representa el cierre de uno de los expedientes derivados de la investigación conocida como «Saqueo Público», una de las principales causas penales abiertas por la Fiscalía General de la República para investigar el presunto desvío de recursos estatales durante el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).
Tras conocerse el fallo, analista David Alfaro sostuvo que la decisión confirma que el proceso contra Pignato carecía de fundamento y respondió a una persecución política. En un documento divulgado este viernes, afirmó que la ex primera dama fue sometida durante años a una campaña de desprestigio y a un proceso judicial que, según su valoración, evidenció un trato desigual dentro del sistema de justicia salvadoreño.
El analista también sostiene que existió una diferencia en el tratamiento judicial respecto de otros casos de corrupción vinculados a administraciones anteriores, una apreciación que forma parte de la opinión del autor y no de los fundamentos contenidos en la resolución judicial.
Un caso “emblemático”
El caso «Saqueo Público» fue presentado por la Fiscalía como una investigación sobre una supuesta estructura que habría desviado más de 350 millones de dólares de fondos estatales durante la administración de Mauricio Funes. Las pesquisas incluyeron a decenas de exfuncionarios y colaboradores cercanos al expresidente, quien permanecía asilado en Nicaragua dibde falleció en enero de 2025.
Durante el desarrollo del proceso, varios imputados alcanzaron condenas mediante procedimientos abreviados o confesiones, mientras que otros enfrentaron juicios ordinarios con resultados distintos según las pruebas presentadas en cada expediente.
Pignato, quien además fue secretaria de Inclusión Social durante los dos gobierno del FMLN, siempre rechazó las acusaciones y sostuvo que no participó en ninguna estructura destinada al desvío de recursos públicos. Su defensa argumentó desde el inicio que no existían pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad penal.
La ex primera dama también enfrentó el proceso mientras recibía tratamiento por una enfermedad oncológica, situación que en diferentes momentos fue mencionada por sus abogados para solicitar medidas que garantizaran su derecho a la salud.
Debate sobre la independencia judicial
La ratificación de la absolución ocurre en un contexto de fuertes cuestionamientos sobre la independencia del sistema judicial salvadoreño. Diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han señalado en los últimos años preocupaciones por las reformas impulsadas en el Órgano Judicial, la destitución de magistrados en 2021 y los cambios en la composición de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha rechazado esas críticas y sostiene que las transformaciones han permitido combatir la corrupción y fortalecer la aplicación de la ley sin privilegios para ningún sector.
La resolución en favor de Pignato probablemente reavivará el debate entre quienes consideran que el caso evidenció un uso político de la justicia y quienes sostienen que el proceso respondió a investigaciones legítimas sobre el manejo de recursos públicos durante administraciones anteriores.
Con esta decisión de la Sala de lo Penal concluye uno de los procesos derivados del caso «Saqueo Público», aunque el expediente continúa teniendo implicaciones para otros exfuncionarios que aún enfrentan procesos o cumplen condenas relacionadas con la misma investigación.
La resolución también marca un nuevo capítulo en el debate sobre el alcance de la justicia, la lucha contra la corrupción y las garantías del debido proceso en El Salvador, sugiere al analista David Alfaro.
