Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Por David Alfaro
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) continúa consolidándose como una de las instituciones más opacas del Gobierno de El Salvador, siguiendo la misma línea de hermetismo que caracteriza a Casa Presidencial y a buena parte del aparato estatal. En lugar de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, el viceministro ha optado por restringir el acceso a información de evidente interés público.
Uno de los casos más preocupantes es la decisión de declarar reservada por siete años toda la información relacionada con el funcionamiento, la logística y el abastecimiento de los Agromercados y las centrales de mayoreo. El argumento oficial sostiene que divulgar estos datos podría generar una ventaja indebida para particulares; sin embargo, esta justificación resulta insuficiente cuando se trata de programas financiados con recursos públicos y cuyo impacto afecta directamente a productores, comerciantes y consumidores.
La transparencia no debilita la gestión pública; por el contrario, permite verificar si los recursos se administran con eficiencia, si existen criterios claros para las compras y el abastecimiento, y si los beneficios realmente llegan a la población. Convertir esta información en un secreto de Estado solo alimenta las sospechas y dificulta el control ciudadano.
La opacidad del MAG tampoco es un hecho aislado. En años anteriores, el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) impugnó la reserva de información sobre la compra y distribución de los paquetes agrícolas (incluyendo semillas y fertilizantes), así como sobre la ayuda humanitaria. Estos datos son esenciales para fiscalizar el uso del dinero público, prevenir favoritismos y detectar posibles irregularidades en la asignación de recursos.
A ello se suma que diversas organizaciones especializadas en transparencia han señalado que el MAG no ha mantenido actualizados sus índices de información reservada conforme a los plazos establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública. Este incumplimiento limita aún más el derecho de la ciudadanía a conocer qué información ha sido clasificada y bajo qué fundamentos legales.
La transparencia no es una concesión del gobierno, sino un derecho de la población y una obligación de las instituciones públicas. Cuando un ministerio administra fondos públicos, programas de apoyo a los agricultores y políticas relacionadas con la seguridad alimentaria, el escrutinio ciudadano debe ser la regla y no la excepción.
La creciente tendencia a reservar información refleja una preocupante cultura de secretismo dentro del Ejecutivo. En un sistema democrático, la confianza en las instituciones se construye con datos abiertos, explicaciones verificables y rendición de cuentas, no mediante el ocultamiento de información de interés público. Mientras el MAG siga privilegiando el secreto sobre la transparencia, persistirán las dudas sobre la forma en que administra recursos que pertenecen a todos los salvadoreños.
