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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Una ligera mirada a los acontecimientos de mayor impacto en la realidad nacional ocurridos en los últimos meses nos indica que lo más positivo y esperanzador ha sido el esfuerzo del Presidente Salvador Sánchez Cerén para hacer frente a la delincuencia criminal. Su llamado a unir esfuerzos desde las diferentes instancias estatales ha sido fructífero, produjo ya un conjunto de herramientas legales que han mostrado eficacia en el combate a la criminalidad y en defensa del pueblo salvadoreño, lo cual se refleja en la disminución de homicidios y otros delitos, en capturas de delincuentes, en decomiso de armamentos, y al mismo tiempo, en capturas de grandes cargamentos de droga.
Pese a algunas resistencias a la idea de emitir disposiciones extraordinarias, especiales y temporales para combatir el flagelo de la inseguridad, está logró la concurrencia de la mayoría en la Asamblea Legislativa, en el sentido de que dicha lucha debe contar con todos y todas, fue así como los diversos grupos parlamentarios concurrieron a votar por 11 decretos, incluyendo el relativo a la emisión de bonos para financiar las medidas extraordinarias de seguridad por el período de un año.
La ciudadanía honrada se ha dado cuenta que este camino en unidad es efectivo. Se fortalece la confianza y se fortalecen las instituciones; resulta claro entonces, que la eficiencia policial, penitenciaria, la cooperación de la Fuerza Armada y las medidas preventivas en los municipios más afectados por la violencia son una realidad.
Es así como el liderazgo del Presidente en la solución de uno de los más graves y urgentes problemas del país causa disgusto a los minúsculos grupos de poder fáctico, y por eso buscan contrarrestarlo creando otros focos de tensión, y para ello nada mejor que los magistrados de la Sala de lo Constitucional
Es ante esta realidad que aparecen las nuevas sentencias: descabezar a la Corte de Cuentas de la República, impedir una reforma a la Constitución que igualaba el tiempo de los funcionarios de elección popular; emiten una medida cautelar para evitar que una empresa pública pueda invertir en generación de energía limpia y asegurar así el pago de subsidio a más de un millón de hogares, impiden además que el Estado disponga de 900 millones de dólares para invertir en seguridad y en el pago de la deuda social, con programas que favorecen a la población más necesitada, y de paso declaran que los 84 diputados y diputadas suplentes no pueden ejercer sus atribuciones. Del mismo modo, declaran inconstitucional algunos artículos de la Ley de Amnistía haciendo una antojadiza reinterpretación del Informe de la Comisión de la Verdad y promueven expectativas de una justicia penal difícil de alcanzar, y alteran el universo de las circunscripciones electorales municipales y departamentales ordenando legislar que voten soldados, policías y estudiantes de la Academia de Seguridad Pública en cualquier lugar.
¿Qué pretenden estos magistrados? El efecto de sus resoluciones cambia el sistema político, ignoran la Constitución de la República, de la que se autodenominan “guardianes”; atropellan instituciones que tienen facultades claramente establecidas en la Constitución y las leyes, como la del Tribunal Supremo Electoral y la propia Asamblea Legislativa. Cada uno de estos fallos amerita analizarse por los alcances y las afectaciones que producen y lo haremos en el curso de las siguientes semanas.
Ya se ha hecho costumbre en sus actuaciones resolver cosas que nadie les ha pedido y en algunos de esos fallos, el voto disidente de algún magistrado muestra la sinrazón y arbitrariedad con la que resuelven; pero esta vez, se les ha ido la mano, lo hacen deliberadamente para crear cisma, y mostrar como lo dijo uno de ellos “que son los que manejan este país”. Dado que no fueron electos para eso, y por ende, tienen facultades para gobernar, es como la autoproclamación de dictadores. Y tal como hacen los dictadores clásicos, intentan justificarse aún frente a sus amigos, especialmente aquellos que les critican sus excesos.
Esta desestabilización es parte de procesos similares en otros países latinoamericanos; es parte de la corriente golpista que acecha nuestro Continente en contra de gobiernos de izquierda y progresistas, en los que fuerzas de derecha económica y política, aliadas a fuerzas pro imperialistas buscan la restauración neoliberal que dé continuidad al despojo de nuestros pueblos de sus recursos, de su trabajo y su soberanía.
En El Salvador hemos venido advirtiendo de la existencia de estos móviles y gracias a que existe conciencia de ese proceso desestabilizador hay también una actitud vigilante de los sectores populares que más sacrificio han tenido que pagar para abrir paso a la democracia en nuestra patria. Es un deber ético abrir los ojos y posicionarse en contra de la desestabilización que promueve la derecha y su instrumento judicial.
