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Sala admite demanda de amparo y detiene desalojo

@JoakinSalazar

Suspéndase inmediata y provisionalmente” la orden de desalojo de las familias que habitan en la comunidad Rutilio Grande, troche malady   en San Martín, search ordenó la Sala de lo Constitucional, buy viagra al admitir la demanda de amparo interpuesta por residentes de la comunidad.

En total, la Sala de lo Constitucional ha amparado a 140 familias que residen en un área de 50 mil metros cuadrados que son terrenos pertenecientes al Estado Salvadoreño.

El Juez Primero de Paz de San Martín emitió sentencia el pasado 12 de junio del presente año, en la que ordenó el desalojo de más de un mil personas que habitan en la comunidad situada a 17 kilómetros en la carretera que de San Salvador conduce a San Martín, conocida como Carretera de Oro.

La demanda de amparo fue interpuesta por Edith Imelda Vásquez y Moisés David Barahona Martínez, quienes alegan que el Juzgado Primero de Paz de San Martín, no notificó a los residentes de la comunidad que existía un proceso judicial en su contra.

Según los demandantes, se les han vulnerado sus derechos constitucionales a la vivienda de los no propietarios, audiencia y defensa, consagrados en los artículos  11, 12 y 119 de la Constitución de la República, en virtud de la supuesta omisión de la autoridad demandada de individualizarlos y permitirles la intervención en el referido proceso judicial.

De acuerdo a la Sala “se emitió una sentencia en la cual declaraba invasores a las afectados,  sin embargo, los pretensores a pesar de residir en dicho lugar no fueron demandados en el proceso y nunca tuvieron posibilidad de participar en el mismo, ni de ser escuchados”.

Este es el segundo caso en el que admite la Sala de lo Constitucional una demanda de Amparo, en el que se relaciona al desalojo de una comunidad, con la Comunidad El Espino, en Antiguo Cuscatlán también se ordenó que cese el desalojo de las 85 familias que ahí residen. Bajo el concepto que vulnera el derecho de defensa de los habitantes afectados.

En ambos casos,  el Juzgado y la Fiscalía General de la República vulneraron los derechos fundamentales de los afectados, debido a que no se les notificó la existencia de un proceso en su contra, por lo que carecen de la calidad de demandados, según la Sala.

Sin embargo, las comunidades discrepan en cuestión de los tiempos, la Comunidad El Espino algunas familias cuentan con más de 30 años de vivir en las tierras propiedad de la Familia Dueñas. Por el contrario la Comunidad Rutilio Grande tienen, en promedio, menos de cinco años de haber usurpado las tierras.

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