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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Organizaciones sociales informaron el miércoles que se han registrado más de 3 mil denuncias por abusos de poder bajo los 157 días de Régimen de Excepción, medida estatal que se impuso el 27 de marzo para presuntamente combatir a las pandillas, pero el mismo ha servido para que fuerzas estatales violenten derechos fundamentales de la ciudadanía.
Son un total de 3,186 denuncias de abusos de poder en este Régimen de Excepción que registraron las organizaciones. La medida estatal ha sido prorrogada cinco veces por la Asamblea Legislativa. La mayoría de las denuncias fueron por detenciones arbitrarias. El periodo que abarcan estas cifras es del 27 de marzo al 31 de julio de 2022.
Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD, sostuvo que a la hora de aprobar las prórrogas al Régimen de Excepción se ha carecido de un análisis, pues no hay estudios en la comisión respectiva. Por el contrario, se usa la figura de “dispensa de trámite”, lo cual “agrava el uso de esta medida (régimen) y contribuye al debilitamiento del parlamento como un lugar para el debate público”.
También, Carillo sostuvo que es evidente “las serias deficiencias” del control constitucional de los actos del Legislativo y del Ejecutivo durante el tiempo que ha estado vigente el Régimen de Excepción. “Hemos visto activación de mecanismos constitucionales como el Habeas Corpus que no han tenido mayores resultados y una facilidad bastante obvia de parte de Sala Constitucional (pues) hay múltiples denuncias de capturas arbitrarias que se han hecho por diversos medios, incluyendo las redes sociales”, y la Sala en cuestión, no ha actuado.
Se han registrado la afectación de derechos de personas privadas de libertad, algunas de las cuales, han sido capturadas bajo denuncias, cuando no existe dicha motivación, entre estas que son presuntamente miembros de pandillas. “Se han reportado muertes al interior de los centros penitenciarios sin que, hasta el momento, las autoridades den una explicación o una respuesta”, concluyó Carrillo.
Los datos corresponden a Amate, Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Cristosal.
Foto: Diario Co Latino / Cortesía
De los 3,186 casos reportados, 2,588 corresponden a Cristosal, 237 al IDHUCA, 226 a FESPAD, 109 a SSPAS, 15 a Amate y 11 a Red. La mayoría de estos corresponden a población masculina. En las estadísticas de Cristosal es el 86.3%, el IDHUCA 87.2% y FESPAD 89.4%. Y la mayoría de los casos corresponden a población femenina en los datos de SSPAS 56.1%), Amate 60%) y Red 90.9%. El porcentaje corresponde en su mayoría a las detenciones arbitrarias.
En agosto, en el mes de la juventud, este sector de la población “ha sido más criminalizada” de acuerdo con los datos de las organizaciones. Según el grupo etario de las víctimas, la mayor parte de los casos denunciados a Cristosal se ubicaron en personas de 18 a 30 años el porcentaje es del 59.7%, los del IDHUCA, entre 15 y 29 años, es el 57.5%, los de FESPAD entre 19 y 30 años el 68.6%, los de SSPAS entre 0 y 17 años el 37.7%, los de Amate de 31 años o más el 40% y los de Red entre 18 y 30 años 36.4%.
La Policía Nacional Civil (PNC) fue la institución principal que violentó los derechos de los ciudadanos. Mientras que las instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Procuraduría General de la República (PGR) y los jueces de la República, han mostrado una ineficiencia e ineficacia para responder ante la situación que los salvadoreños viven.
Las organizaciones hicieron un llamado al Estado para que vele por los derechos de las personas detenidas, respete y resguarde las identidades de género de las personas trans; cumpla con el debido proceso e investigue los casos de personas con enfermedades crónicas y muertes en centros penitenciarios o durante la detención. También pidieron no prorrogar el Régimen de Excepción y por el contario pidieron políticas de seguridad sin injusticia.
