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Redacción Nacionales
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Organizaciones de profesionales salvadoreños emitieron un pronunciamiento donde exigen a la Asamblea Legislativa que la reforma al sistema de pensiones que presentó el Ejecutivo hace unas semanas, no debe ser aprobada sin antes haberse sometido a una amplia discusión con los diversos sectores de la sociedad.
Las organizaciones que respaldaron la postura fueron: el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE), Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES), Fundación para el desarrollo de Centroamérica (FEDECEN), Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECSO). Estas aseguraron que el anteproyecto de reforma al Sistema de Pensiones presenta inconsistencias y aspectos preocupantes de sostenibilidad financiera y actuarial. “Pareciera no estar sustentado en un estudio actuarial que le dé robustez”.
Afirmaron que la mayoría de las reformas hechas al sistema “han sido para resolver problemas fiscales o han tenido carácter populista”, es decir, con la propuesta de ley gubernamental no se resuelven los principales problemas del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) ni del Sistema Público de Pensiones (SPP).
Los profesionales lamentaron que en la propuesta no se toca, por ejemplo, la cobertura. Se excluyen a los vendedores por cuenta propia. De acuerdo con la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM), de 1998 a 2021, en promedio solo 1 de cada 4 trabajadores cotiza al sistema de pensiones. También, aseguraron que la cartera de inversiones del SAP continúa concentrada en instrumentos públicos. La cuenta de garantía solidaria representó un alivio fiscal en el corto plazo, pero se requieren ajustes para asegurar su sostenibilidad financiera y actuarial de mediano plazo. En su pronunciamiento, afirmaron que el pago de las pensiones, tanto de las personas jubiladas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y de las AFP, implica una carga financiera insostenible para el Estado salvadoreño, pese a que la mayoría de las pensiones son muy bajas y cercanas a la mínima. “La sostenibilidad del SAP es frágil y las finanzas públicas son aún más frágiles”.
También, el proyecto de ley “conduce” a un mayor uso de los recursos de la cuenta solidaria, la cual financiaría el aumento de las pensiones, esto, aunque el artículo 114 mantiene la mínima en $304.17 y los seguros por invalidez y fallecimiento. El proyecto de ley que disuelve el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales y crea los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), el cual puede elevar la deuda previsional, pues los COP no tienen límites “y ponen en riesgo los fondos de pensiones al no contar con garantías del Estado”.
Los profesionales instaron a que el Estado debe procurar una mayor cobertura, pensiones dignas, inversiones de los fondos en obras de desarrollo y sostenibilidad financiera y actuarial del sistema. “Las pensiones deben actualizarse en función de la inflación e indexarse con la esperanza de vida”, también para enfrentar el alto costo que el sistema de pensiones le ocasiona al Estado, debe promoverse una reforma tributaria progresiva, que se sustente en impuestos al patrimonio, las herencias y la renta al 10% más rico y de más ingresos.
