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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (RedCAT) se pronunció ante el pueblo salvadoreño y comunidad internacional, ante los recientes hechos que culminaron en la captura, encarcelamiento del liderazgo comunitario anti minero de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, El Salvador.
“En estos momentos de incertidumbre y dolor, la RedCAT se solidariza con las familias de los líderes encarcelados y, en general, con los habitantes de la comunidad Santa Marta”, afirma.
“Rechazamos y condenamos la actual criminalización de los defensores del medio ambiente y en específico del liderazgo histórico de Santa Marta, fieles creyentes en un país libre de minería”, reitera la Red.
La captura de los directivos de ADES: Antonio Pacheco y Saúl Rivas y los líderes comunitarios Pedro Antonio Rivas, Alejandro Laínez y Miguel Gámez, que ha sido denunciado por la población de la comunidad Santa Marta y ADES (Asociación de Desarrollo Económico y Social).
Estos ambientalistas son reconocidos nacional e internacionalmente por su lucha en contra de la minería que terminó en la Ley de Prohibición contra la Minería (2017) en El Salvador, que lo coloca como el primero y único país con este tipo de ley.
Diferentes organizaciones de derechos humanos y abogados han hecho análisis que el cargo que ha hecho la Fiscalía General de la República, es un “crimen que supuestamente ocurrió en el año 1989”, o sea, hace 33 años en el contexto de la guerra civil de El Salvador.
La Fiscalía los acusa de haber participado en el supuesto asesinato de una persona que fue sacada de su casa y llevada a campamento guerrillero, donde habría sido “torturada” y luego asesinada. Además, acusan a la exguerrilla de ser una organización delictiva.
La Red critica la petición de la Fiscalía, al solicitar 6 meses para investigar el caso y que fue aprobado por la jueza de Victoria, quien tuvo a su cargo la audiencia preliminar, cuando los únicos delitos que se pueden investigar en ese tiempo son los cometidos recientemente y este supuesto delito es de hace 33 años.
La Fiscalía debió tomarse todo el tiempo que requería para investigar el supuesto caso, antes de formular una acusación y proceder a una detención. No hacer lo anterior indica que el ente fiscal no buscaba justicia real.
Ante esta situación, la La Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (RedCAT) exigió la pronta libertad y respeto a la integridad física y mental de los ambientalistas.
“Hacemos un llamado al Estado salvadoreño que cese el acoso y la persecución contra organizaciones y líderes comunitarios que defienden los derechos de nuestra Casa Común”, reitera y firmaron RedCAT Capítulo El Salvador, Guatemala y Honduras.
