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La amenaza y persecución de personas defensoras y periodistas independientes, no va a ocultar las graves violaciones a los derechos humanos que comete el gobierno, para tratar de ocultar el pacto con pandillas, ampliamente demostrado.
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), expresó su “solidaridad” con todas las personas que ejercen el derecho a defender derechos en El Salvador, tras señalar las dificultades que enfrentan en los últimos años.
En el marco de la presentación del cuarto Informe de Agresiones contra Personas Defensoras y Periodistas 2024, por parte de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD), la Relatora Lawlor externó sus preocupaciones y esperanzas para que el país retome una senda democrática.
“Queridas amigas, gracias por invitarme a compartir un mensaje con ustedes. A lo largo de mi mandato que inició el 2020, me he sentido más preocupada por la situación de las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador”, señaló.
“Una preocupación desde el arresto, detención y continua criminalización de los defensores de Santa Marta, la detención en curso de Fidel Zavala, hasta la persecución de los defensores de derechos humanos por denunciar violaciones a los derechos cometidos bajo el Estado de Excepción”, manifestó Lawlor.
No obstante, de considerar que el país no “parece ir en dirección correcta”, la Relatora Especial de la ONU sostuvo que bajo esta situación de incertidumbre, también surgen “signos de esperanza” desde las personas defensoras y organizaciones sociales.
Esos signos de esperanza están enrraizados en el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en el país. En la falta de voluntad de la gente de aceptar la supresión masiva de sus garantías, de sus derechos humanos como la solución de la violencia y el crimen organizado, expresó.
“Y en la solidaridad mostrada en el monitoreo realizado por grupos como la Mesa por el Derecho a Defender Derechos. Y la esperanza también en el movimiento para impedir el abuso de derechos humanos y la destrucción de los derechos humanos a través de la minería”, agregó la Relatora.
Por lo que extendió su reconocimiento y apoyo a las personas y organizaciones que trabajan a diario porque el respeto de las garantías fundamentales de la población.
En cuanto a “la historia de la lucha exitosa contra el extractivismo quiero aplaudirles por todo ese trabajo y expresar toda mi solidaridad a ustedes y con todas las personas que ejercen el derecho a defender derechos”, reiteró Lawlor.
Mujeres defensoras y periodistas bajo la violencia digital
María Martin, coordinadora de Incidencia de la Iniciativa Mesoamericana de Defensores de Derechos Humanos, consideró que el informe de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos da cuenta de la difícil situación que enfrentan hombres y mujeres de organizaciones y movimientos sociales en defensa de los derechos humanos.
“El Salvador, en muchos sentidos, refleja la realidad Mesoamericana, al menos de una buena parte de la región. Y si bien se pudieran destacar algunos elementos del informe, me parece importante poner de manifiesto el trabajo que han hecho para identificar los riesgos específicos de las mujeres que defienden derechos humanos en El Salvador”, manifestó.
En este sentido, Martin destacó que “la violencia digital y la violencia discursiva” son los “elementos centrales” de la situación de vulnerabilidad que viven las personas defensoras y periodistas, y especial las mujeres que defienden derechos o denuncian el atropello de garantías constitucionales.
“Otro elemento importante son los cambios normativos que se han operado en El Salvador, y que en la Iniciativa Mesoamericana se han relacionado con el desarrollo y consolidación de estos autoritarismos en Mesoamérica”, dijo.
Y agregó “son muchas las organizaciones nacionales e internacionales y los mecanismos del sistema universal y regional que hacen referencia a modificaciones al ámbito constitucional y penal, lo que en gran medida limita la regulación de los derechos”, reiteró Martin.
Asimismo, reconoció que la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, realizó un “excelente trabajo”en cuanto a documentar en su IV informe, lo enfrentan personas defensoras que reciben “violencia estatal”, con el fin de acallar las denuncias o capturas bajo razones infundadas o arbitrarias.
“Las normas que regulan el autoritarismo o las que regulan el lavado de activos es un riesgo esencial para las organizaciones y el Estado de Excepción, son una facilitante para la criminalización de ciudadanos y ciudadanas y especial a personas defensoras de derecho humanos que ayudan a la población”, sostuvo Martin.
Avanzamos hacia un contexto de dictadura
Con la cifra de 533 casos documentados por la Mesa DDD, sobre agresiones a personas defensoras y periodistas (2024), David Morales, abogado de CRISTOSAl, opinó que este incremento de acciones de violencia deja en claro que la criminalización va en aumento junto a un énfasis para “socavar” el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
“Es impresionante la cantidad de agresiones de 2024, que casi duplica las registradas para el año 2023. Y si observamos como va este 2025, podemos decir que la violencia de Estado, el hostigamiento a personas defensoras y prensa independiente se ha incrementado”, reiteró.
“Justamente tenemos esta semana la detención de un abogado defensor de derechos humanos del movimiento ambientalista, Alejandro Henríquez, la captura de líderes y la represión a una comunidad (Cooperativa El Bosque) que expresaba su defensa de derechos”, argumentó Morales.
“En la medida que vamos avanzando a un contexto de dictadura en el país”, la violencia de Estado contra voces ciudadanas que denuncian violaciones a sus derechos las autoridades suben también la represión, añadió.
“Esta ha sido una estrategia permanente de la gestión de gobierno de Bukele, que desde el inicio ha tratado de acallar las voces críticas, pero, obviamente, el tema se está agravando mucho más, al grado de colocar este tipo de violencia, como las detenciones a personas defensoras y amenazas de cierre del espacio cívico, que ahora son más evidentes”, sostuvo Morales.
Amenaza con Ley de Agentes Extranjeros
“Aunque decimos que es una amenaza al trabajo del movimiento social, al espacio cívico y la labor de la prensa independiente en El Salvador, la amenaza de la Ley de Agentes Extranjeros no representa una sorpresa”, añadió Morales, al referirse a la amenaza presidencial de financiar la deuda de la Cooperativa El Bosque con fondos que reciben las oenegés.
“Las gestiones de Bukele se han caracterizado justamente por el hostigamiento y los intentos por acallar voces críticas, y en todos estos intentos este será el destino a este tipo de acciones que buscan la represión como la Ley de Agentes Extranjeros, la represión”, alegó.
“Es la amenaza y persecución de personas defensoras y periodistas independientes, pero eso no va a ocultar las graves violaciones a los derechos humanos que comete el gobierno, para tratar de ocultar el pacto con pandillas, ampliamente demostrado. Y el uso de cárceles oprobiosas salvadoreñas para recibir personas extranjeras y confinarlas en una situación de desaparición forzada”, advirtió Morales.
El gobierno tiene en abandono a la población
Héctor Carrillo, director de FESPAD, expresó su “preocupación” por los datos recopilados por distintos sistemas de monitoreo y presentados en Informe de Agresiones contra Personas Defensoras y Periodistas por la Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD).
“Estos datos reflejan una tendencia a la restricción al libre ejercicio del derecho a la libertad de asociación, de expresión y de reunión pacífica. Nos preocupa enormemente esta situación que lo único que refleja es el abandono de la población por parte de las autoridades gubernamentales desde su Constitución que ordena poner al centro a la persona humana”, aseveró.
“No hay posibilidad de poner al centro de la gestión pública a la persona humana, si no se escucha a la ciudadanía. Y la ciudadanía se hace escuchar a través de organizaciones de la sociedad civil, se hace escuchar al trasladar su voz a las autoridades respectivas mediante el ejercicio de la libertad de expresión, sobre temas de realidad nacional”, concretó Carrillo.
Los acontecimientos de esta semana, como la captura del pastor José Ángel Pérez y el abogado en derechos humanos Alejandro Henríquez, así como las agresiones a las familias de la Cooperativa El Bosque, reflejan la grave situación de descuido de las necesidades de la población vulnerable.
“Ante esta situación, pedimos a las autoridades que revisen su actuación, al Ejecutivo que atienda a las familias y la PDDH, la que debería haber abierto ya una investigación sobre el actuar de los elementos policiales que agredieron a las personas esa noche (12 de mayo), y las capturas sin fundamento del pastor Pérez, el abogado Henríquez, y miembros de la comunidad El Bosque”, puntulizó Carrillo.
