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Licenciada Norma Fidelia Guevara de Ramirios
Las elecciones son un medio para expresar la voluntad popular en un momento determinado; siendo sus efectos duraderos y los cuales acarrean consecuencias para toda la población; por eso la ciudadanía en una gran parte se interesa en estos procesos, otra parte menor se involucra. Es el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el que conforme a la ley, marca la pauta, pero son las conductas de los partidos y del gobierno en turno quienes pueden poner una característica a las mismas.
El FMLN, desde las primeras elecciones en que participó, en 1994, ha aportado para que los distintos procesos sean más limpios, participativos, y se supere así en el país, la historia de fraudes que llevó al cierre de espacios, a escandalosos fraudes que generaron la indignación y la búsqueda de otras vías para que el pueblo fuera escuchado.
La democracia es algo más que votar, pero eso no significa que no deba lucharse para que las votaciones sean herramientas del pueblo, para buscar transformaciones; para que sus efectos trasciendan y procuren un camino de cambios en la vida cotidiana de las mayorías.
Quedó atrás -gracias a las reformas constitucionales- el oscuro período de fraudes impulsados desde la oligarquía y sus instrumentos, entre los que figuró el Consejo Central de Elecciones. Por eso se debe cuidar la institucionalidad, y saber que siempre es posible mejorar.
Preocupa que a estas alturas se carece de un presupuesto; se ignora si la reforma hecha por la Asamblea y vetada por el presidente, que establece que las papeletas de Concejos Municipales lleven la foto de los candidatos o candidatas a alcalde o alcaldesa será o no validada por la Sala de lo Constitucional; y más grave aún, se desconoce si las y los salvadoreños en el exterior podrán votar, pues un decreto sobre el particular fue vetado y se ha emitido otro sobre el que igual se amenaza con vetarlo.
Si las relaciones entre las instituciones obligadas a colaborar y a cumplir cada una con su responsabilidad, son de enfrentamiento y tensión; y al mismo tiempo, el presidente proclama la desaparición de partidos; entonces, al margen de las reglas, se está en campaña para favorecer a su eje político; es esa una conducta de dictador y no de estadista o demócrata.
Al tribunal le está dada la responsabilidad de hacer cumplir el Código, fijar los límites para los procesos relacionados con el ejercicio soberano del sufragio y sería impropio y altamente dañino para el país que se le pretenda burlar con campaña ya anticipada de los partidos de gobiernos y a la vez se le impide desarrollar su plan.
La ley obliga a tener claras las reglas un año antes de las elecciones, al TSE, a tener en ejecución su Plan de Elecciones y su presupuesto extraordinario; y está cerca el 28 de febrero, sin que se vea en el horizonte claridad a estas cuestiones.
La Sala de lo Constitucional dio plazo para legislar a la Asamblea en lo relativo al sufragio desde el exterior, la Asamblea ha cumplido, pero aún se desconoce si sus reformas se convertirán en ley; mientras el TSE presentó su presupuesto sin considerar el voto del exterior desde noviembre del año pasado, cuando la ley no incluía este aspecto.
Cuando nos acercamos a una fecha que en la historia está marcada como un hecho fatal para la vida y la democracia en el país, como fue el 28 de febrero de 1977, la masacre al pueblo que pedía respeto a su voluntad; es propicio apelar a que nos preocupemos todos por impedir retrocesos en nuestro sistema electoral.
Retroceso sería quitar autonomía o limitar las facultades del árbitro, o que este se someta a presiones indebidas; retroceso sería anular facultades que la Constitución da a los partidos en su capacidad de vigilar la conformación del registro electoral, y al mismo TSE; retroceso es el aprovechamiento del gobierno para hacer campaña en favor de unos partidos; retroceso es la conducta antidemocrática del presidente respecto a su opositor, el FMLN.
De poco sirve que la Asamblea apruebe prohibiciones de campaña adelantada, y contemplemos al primer mandatario haciendo campaña para su partido, y a sus funcionarios haciendo lo mismo, antes de cumplir la obligación de asegurar al árbitro, los recursos para vigilar y hacer cumplir la ley.
El 27 de febrero es la última fecha para cambiar domicilio, es decir, el calendario electoral está corriendo, las reglas y el presupuesto deben también estar firmes. La vigilancia que la Constitución otorga como derecho a los partidos debe ejercerse para prevenir males mayores.
