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Redacción Nacionales
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El ministro Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al diputado presidente de la Asamblea Legislativa una iniciativa del presidente de la República Nayib Bukele, que contiene una reforma al Código Procesal Penal para que los delitos de corrupción no prescriban. Según indicaron, tendrá efecto retroactivo.
La iniciativa busca la reforma del artículo 32 del Código Procesal Penal que incorpora la imprescriptibilidad y retroactividad de los delitos de corrupción. La medida incluye a los 3 órganos fundamentales del Estado así como a todos los exfuncionarios de los gobiernos de los últimos 30 años, mencionaron las autoridades en una conferencia de prensa.
Con la reforma al inciso final del artículo 32 quedaría de la siguiente manera: “… No prescribe la acción penal en los casos siguientes: tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas, delitos cometidos contra la libertad sexual de menor o incapaz, y los establecidos en el Libro II, Título XVI, Capítulos II y III del Código Penal”, los cuales son: peculado, negociaciones ilícitas, cohecho de diferentes tipos, tráfico de influencias, malversación y enriquecimiento ilícito.
“Es urgente actualizar las normas que regulan la prescripción que los gobiernos anteriores establecieron para este tipo de delitos para blindarse ante la justicia y garantizar su impunidad”, comentó el ministro Villatoro.
Quién recibió la iniciativa fue el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien dijo que “ya terminaron las épocas en las que los ladrones y corruptos salían bien librados”, esto, a raíz de que los delitos prescriben cuando ya hayan pasado 10 años luego de su cometimiento.
“A todos aquellos corruptos se les acabó la fiesta. Estoy completamente seguro que tendremos una votación a favor para esta iniciativa. Creo impensable que exista un diputado en esta Asamblea Legislativa que quiera seguir cubriendo esos actos de corrupción”, comentó Castro.
A juicio de Castro, con estas reformas “se acaba las épocas de la justicia selectiva donde los malos siempre salían premiados. Se terminaron los discursos y comenzaron las acciones para acabar con la impunidad”, comentó, a pesar que en el actual Gobierno existen varios indicios de corrupción que, de hecho, hasta la misma extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) hizo llegar a la Fiscalía pero que ahora, es controlada por el fiscal afín al Ejecutivo y terminó también las relaciones con dicha instancia.
También, en la Corte de Cuentas de la República, existen anomalías sobre ciertas personas que tuvieron mucho eco en su momento, como el caso del exministro de Agricultura, Pablo Anliker, por las compras irregulares de productos alimenticios.
Recientemente, la Asamblea oficialista aprobó una ley que daba impunidad a los funcionarios que estuvieran vinculados en las compras en el marco de la pandemia por la Covid19. Siendo esta ley muy criticada y llamada “Ley Alabí”, porque tenía efecto retroactivo, que básicamente no se puede investigar a posibles funcionarios corruptos porque están amparados en dicha ley.
Entre tanto, la iniciativa para que la corrupción no prescriba irá a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea para su respectivo estudio.
