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Por Yemeli Ortega
México/AFP
Permitir el uso general de armas de fuego a los ciudadanos con el fin de «equilibrar la fuerza» ante los criminales es la controvertida propuesta de un senador para enfrentar una creciente ola de violencia en México.
Jorge Luis Preciado, del conservador Partido Acción Nacional, busca capitalizar el hartazgo de muchos mexicanos que sufren la corrupción generalizada que carcome a policías, jueces y gobernantes, en un país donde menos del 1% de los delitos denunciados son castigados, según el índice global de impunidad de la Universidad de las Américas Puebla.
Aunque su propio partido le ha dado la espalda, Preciado inició la semana pasada una campaña nacional para recolectar 120.000 firmas. Esas rúbricas harían que su propuesta de modificar la Constitución y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos llegue al Congreso como iniciativa ciudadana.
En México existe «un Estado fallido en materia de seguridad. No le estamos pidiendo que nos defienda, le estamos diciendo que nos deje defendernos», dijo el legislador en entrevista con la AFP en el Senado.
Las leyes mexicanas permiten la posesión en los domicilios de armas de bajo calibre para la «seguridad y legítima defensa» de los ciudadanos, pero Preciado cuestiona que en los hechos, esto sólo aplique para «un grupo muy selectivo, militares, empresarios, políticos».
Así, este legislador que usa camisa de vestir sin corbata, busca que su propuesta se extienda a los negocios y automóviles particulares.
«No es un tema de quién trae arma y quién no, es un tema de equilibrar la fuerza (con los criminales). Hoy en México se roba, se asalta y se extorsiona con toda impunidad, el ciudadano no tiene la más mínima posibilidad de defenderse», argumentó.
La ley de la selva
El lunes, un pasajero de un autobús tomó la justicia por mano propia cuando disparó contra cuatro presuntos asaltantes armados cerca de la capital. El hombre bajó del autobús y desapareció. Un editorial del periódico El Universal calificó ese acto y otros similares como una muestra del hartazgo frente a la impunidad pero también como una «virtual adopción de la ley de la selva».
Según datos oficiales, entre enero y septiembre de 2016 se denunciaron en México 1,15 millones de crímenes -robos, homicidios, extorsiones, violaciones-, una cifra superior a los 1,13 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.
«¿Cuántos hubieran podido salvar la vida si tuvieran una licencia de portación de armas?, ¿Cuántos secuestros, violaciones, asaltos se hubieran podido evitar?», pregunta Luciano Segurajauregui, director regional de México Armado, un foro que promueve el uso de armas.
Para él, los delincuentes «buscan siempre víctimas desarmadas», y prohibir a los ciudadanos defenderse a punta de pistola «es equivalente a prohibir el uso del fuego porque quema o el uso del agua porque ahoga».
Segurajauregui estima que la propuesta de Preciado es «valiente», una opinión que comparte el empresario de seguridad privada Raymundo Moreno, quien aboga por que los ciudadanos porten armamento de alto calibre, al igual que los criminales.
Estados Unidos, el mayor productor de armas del mundo, comparte con México una frontera de más de 3.000 km. Por ahí se trafican unas 2.000 armas -pistolas, fusiles de asalto, metralletas, lanzagranadas- diariamente a territorio mexicano, según un estudio recogido por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de México.
La Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego estadounidense realizó entre 2009 y 2010 el controvertido operativo «Rápido y Furioso», que permitió el tráfico de unas 2.000 armas de alto poder a México con la intención de rastrearlas, pero muchas de ellas se perdieron de vista en manos de criminales.
Para comprar armas de forma legal en México sólo hay una tienda en la capital y es administrada por la Secretaría de Defensa, según la cual existen 3.075 permisos vigentes de portación de armas para civiles en todo el país, que cuenta con casi 120 millones de habitantes.
Una idea «desafortunada»
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una ONG que monitorea los índices delictivos, se pregunta si la de Preciado «es una propuesta seria o una mera provocación».
«No le veo viabilidad», comentó, al calificar de «desafortunada» la hipótesis de Preciado de que en Estados Unidos el índice de homicidios es menor por el poder disuasivo que provoca la portación legal de armas.
«Estados Unidos es un país donde están armados y se cometen delitos. Se cometen menos (que en México) porque tienen una policía capaz de resolver un problema, tienen una fuerza institucional», explicó, al instar a Preciado a «invertir su tiempo en fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia» en México.
De concretarse la propuesta en un país asolado por la violencia del crimen organizado, «lo que puede suceder es que un montón de muertos se los podremos adjudicar a una persona en particular, que es el senador Preciado y a todos aquellos senadores que decidan en algún momento apoyar esta iniciativa», recalcó.
