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Redacción YSUCA
El 15 de octubre Raquel Caballero de Guevara fue juramentada como nueva procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, una propuesta del partido Nuevas Ideas, que fue respaldada por los partidos GANA, PDC y PCN. Fue elegida con 67 votos.
La procuradora no esperó al día lunes para tomar posesión de su cargo. Empleados de la institución aseguran que el día domingo se presentó junto a su exjefe de seguridad a las instalaciones de la procuraduría.
El lunes llegó con exjefes que trabajaron junto a ella en la gestión 2016-2019. Con ella estaban su sobrino y sobrina, que continúan trabajando en la Procuraduría, dijo a Radio YSUCA una fuente interna.
A partir de la llegada de la procuradora, algunas jefaturas depusieron sus cargos de manera irrevocable. Otros fueron citados a las instalaciones de la Procuraduría en San Salvador, ahí les pidieron que renunciaran. Ese fue el caso de una abogada, empleada de la Procuraduría en Chalatenango, quien luego de la exigencia que le hiciera una funcionaria de la Procuraduría con sede en San Salvador, decidió interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República.
YSUCA tuvo acceso a la denuncia que la abogada interpuso en la Fiscalía el jueves 20 de octubre de 2022. En ella expresa que el 19 de octubre la llamaron de Recursos Humanos. La funcionaria se presentó como nueva procuradora adjunta, pero no mostró ninguna credencial de su cargo. Le exigió a la denunciante que presentara su renuncia, debía hacerlo porque, según ella, no era una persona de confianza de la administración actual y porque había sido contratada en la administración anterior.
Para la abogada que interpuso la denuncia, la exigencia de la funcionaria, está fuera de la ley, ya que las destituciones, despidos o traslados de los funcionarios y empleados públicos deben ser tramitados ante la Comisión del Servicio Civil, tal como lo establece la Ley del Servicio Civil y la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos.
El requerimiento de la funcionaria también riñe con los artículos 2,11,12 y 219 de la Constitución de la República, cita una parte de la denuncia. La abogada se negó a firmar la renuncia porque considera que se le está violentando el derecho al trabajo.
Los despidos que están ocurriendo en la Procuraduría no son extraños, dado que la misma procuradora Raquel Caballero afirmó que ya tiene conformado a su nuevo equipo de trabajo. Así lo dijo en la reunión que sostuvo con el presidente Nayib Bukele el sábado 16 de octubre, donde el presidente intentó defender su nombramiento, pese a haber sido sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental.
La procuradora aseguró que necesita gente sensible en la institución para trabajar en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, en su nuevo mandato se están violando derechos laborales al exigir renuncias, sin pasar por un debido proceso como lo estipula la Ley del Servicio Civil.
La abogada que denunció a la funcionaria de la Procuraduría considera que cometió un abuso de su cargo que puede constituir un acto arbitrario, previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal, que señala: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
La denuncia incorpora la agresión a una una funcionaria pública y mujer prohibido en el artículo 55 de la Ley Especial Integral Para una Vida Libre de Violencia Para las Mujeres. La abogada asegura que la procuradora adjunta la señaló de incapaz, al decirle que había gente más capaz que ella y que solo era un “pato tirado al agua”.
La agresión verbal ocurrió en horas laborales, por lo que también fue denunciada por desacato. La abogada se basó en el artículo 339 del Código Penal que establece: “el que con ocasión de hallarse un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o por razón de éstas, ofendiere de hecho o de palabra su honor o decoro o lo amenazare en su presencia o en escrito que le dirigiere, será sancionado con prisión de seis meses a tres años”.
La abogada, empleada de la Procuraduría, pidió a la FGR que califique y tipifique los delitos cometidos por la funcionaria y siga el procedimiento previsto en la ley. El documento fue recibido en la Fiscalía a las 12.17 del día 20 de octubre.
Reina el silencio en la Procuraduría
Este caso es una muestra de lo que ocurre al interior de la Procuraduría ante la llegada de Raquel Caballero. Muchos empleados han sido obligados a interponer su renuncia, sobre todo jefaturas y delegados departamentales, confirmó a YSUCA otro empleado al que también obligaron a renunciar.
El ambiente en la Procuraduría, institución que tiene como mandato defender derechos humanos, es de temor y silencio, pocos hablan sobre el tema. El sindicato que hizo fuertes señalamientos a Caballero, durante su primera gestión, ahora calla.
Los empleados que han decidido hablar en condición de anonimato, lamentan no solo las acciones de la procuradora, sino las del presidente de la República, Nayib Bukele al intentar legitimar el nombramiento de la funcionaria.
Caballero de Guevara favoreció con plazas dentro de la procuraduría a sus hijastras Gaby Lourdes Guevara Quintanilla y Xiomara Juana Margarita Guevara Zelaya. Por esa acción fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental.
La funcionaria también fue señalada por usar recursos institucionales, incluso su esposo fue señalado de usar los vehículos de la Procuraduría. Pero esas acciones no las mencionó el presidente Bukele cuando intentó justificar su nombramiento.
En la reunión del sábado 16 de octubre, Bukele respaldó a la procuradora elegida por su partido político Nuevas ideas. Una procuradora que debe ser imparcial e independiente, se mostró sumisa al oficialismo. Hizo uso del mismo discurso que el presidente, al asegurar que ha habido cambios en el país que no habían ocurrido “en los últimos 200 años”.
Aunque la procuradora diga que defenderá los derechos de la población, hay dudas de que cumpla la función que le demanda la Constitución.
El director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro dijo que con la elección de Caballero el oficialismo se ha encargado de garantizar que no hayan denuncias de las políticas de represión que atentan contra los derechos humanos del pueblo.
Para el defensor de derechos humanos David Morales, Caballero de Guevara, durante su gestión anterior, guardó silencio y evitó tomar postura frente a graves violaciones a derechos humanos. De igual forma asumió posturas anti derechos, sobre todo frente a poblaciones discriminadas. Ambos defensores tienen dudas de que la nueva procuradora cumpla con su función de defender derechos humanos.
Por su parte, el rector de la UCA, Andreu Oliva, dijo que se ha elegido a una procuradora que durante su desempeño en tres años no mostró compromiso con la defensa de los derechos humanos.
Espera que la procuradora recapacite, asuma y se comprometa a defender los derechos humanos de la población.
“Mi trayectoria es profesional y técnica”, dijo la procuradora frente al presidente y al gabinete de seguridad, el 16 de octubre.
