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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Se trata de un anteproyecto de ley de 46 artículos, que ha sido ampliamente consultado”, dijo Eduardo García, director de la Asociación Pro-Búsqueda de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado, al presentar una iniciativa de ley que permita la creación y operatividad de un Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
“Este proyecto ha sido consultado con diferentes diputados y diputadas de las fracciones legislativas, con funcionarios del Instituto de Medicina Legal (IML), con el ente docente como la Universidad de El Salvador, Universidad Luterana, tiene el respaldo de las víctimas y sería una ley inclusiva con visión de víctima, lo que pocas veces tenemos para el país”, agregó García.
Con veinticinco años de trabajo en la investigación de la niñez desaparecida, que pasan los 400 casos resueltos, reencuentros y petición de justicia, Pro-Búsqueda presentó la iniciativa de ley, que fue acompañada por la firma del diputado Damián Alegría (FMLN) y el asesor del diputado Juan José Martel (CD), a fin de que la propuesta ingrese al seno legislativo.
El caso de las hermanitas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de 7 y 3 años -respectivamente- fueron víctimas de la desaparición forzada durante la “Guinda de Mayo”, mientras escapaban de un operativo militar denominado “Operación Limpieza”, lanzado entre mayo a junio de 1982, al nororiente de Chalatenango.
Suyapa Serrano hermana mayor de las niñas, las escondió en unos matorrales durante la huída pero fueron descubiertas por los soldados, quienes se las llevaron con rumbo desconocido hasta la fecha. Junto a ellas, miles de niños y niñas fueron arrebatados de sus padres y según las organizaciones pro derechos humanos, este fue un patrón sistemático del Estado salvadoreño que no esta relacionado a daños colaterales a la guerra.
Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, Victoria Cruz acompañada por el padre jesuita Jon Cortina, presentó su denuncia ante el juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, por la desaparición de sus hijas. El caso fue documentado por Pro-Búsqueda y luego se unió la CEJIL. Dieron frutos en marzo de 2005, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado salvadoreño por su responsabilidad y le impone medidas de reparación; entre ellas la creación de un “banco de perfiles genéticos”, para la prueba científica de filiación de víctimas y sus familiares desaparecidos.
Sobre la utilidad de una Ley de Banco Nacional de Datos Genéticos, García indicó que se busca garantizar la determinación y esclarecimiento de la filiación e identificación de las víctimas de desaparición forzada, ya sea por acción u omisión del Estado, las que fueron ejecutadas por particulares, las desapariciones voluntarias y las fortuitas, como ocurre en desastres.
“Esta ley es para las víctimas y para resolver los problemas de las víctimas, no una ley para resolver los problemas de los victimarios, porque el problema de los victimarios es que dañan a las víctimas. Esta ley es inclusiva y permitirá identificar todos los ámbitos de la desaparición forzada, desde la niñez y adultos del conflicto armado, las desapariciones producto de la delincuencia y crimen organizado, hasta las personas desaparecidas en tránsito de migración hacia Estados Unidos”, señaló.
Mientras, Fernando Serrano expresó, como familiar de Ernestina y Erlinda que han estado esperando justicia para el caso de sus hermanas menores, así como el resarcimiento moral que involucra investigar el paradero de las niñas.
“Sobre esta sentencia del año 2005, lamentamos que el Estado aún no ha cumplido con el Banco de Datos Genéticos; ahora esperamos que el poder Legislativo tome muy en cuenta (la iniciativa), para que sirva no solo a los niños desaparecidos, sino también para otras personas”, sostuvo.
El diputado del partido FMLN Damián Alegría señaló que la propuesta presentada por Pro-Búsqueda encaminada en recoger la “huella genética”, sería un avance en materia de resolución de las desapariciones y otras problemáticas de país.
“La propuesta es un paso importante para que nuestro país se ponga al día en términos tecnológicos y de acceso a la justicia. Al crear este Banco Nacional de Datos Genéticos debería incluir a toda la población, pero especialmente a los interesados a futuro o mediano plazo, para que en cualquier caso de problemas de desapariciones, de migración e históricos del país se resuelvan con este recurso; hemos hablado con personas del Instituto de Medicina Legal y ellos nos han dicho que están interesados”, consideró.
Mientras, Francisco Figueroa asesor del partido Cambio Democrático (CD) subrayó el acompañamiento que han venido realizando con iniciativas que impactan a las víctimas, como la ley de reconciliación y otros de importancia relevante a la justicia del país.
“Creemos que esta nueva pieza de una ley de Banco Genético es una pieza fundamental que nos permite crear una base de datos única. Así como en el caso de los desaparecidos forzadamente, estamos planteando crear una base de datos única. La idea es que el sistema sea más eficiente a la hora de atender este tipo de abusos y violaciones a los derechos humanos, que desgraciadamente venimos viviendo con los desaparecimientos desde los años setenta a la fecha, y debemos ir enfrentando este flagelo para ayudar a miles de familiares de las víctimas”, puntualizó.
