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Redacción Nacionales
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Que los inocentes detenidos bajo el régimen de excepción no sean condenados hasta 60 años de prisión, es lo que exigen las madres que conforman el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), quienes se concentraron este viernes en las afueras del Centro Judicial contra el Crimen Organizado, en Soyapango.
MOVIR rechaza las audiencias únicas masivas que realizan los juzgados en contra de los detenidos bajo el régimen de excepción, ya que, en estas, también se han de condenar a personas que nada tienen que ver con pandillas.
En 2023, la Asamblea Legislativa aprobó reformas penales para realizar audiencias masivas, que permiten que miles de detenidos bajo el régimen de excepción sean procesados colectivamente, es decir, por su supuesta clica de la pandilla; con ello el derecho a una proceso justo e individual no se ven afectados, según lo consideran las organizaciones sociales y de derechos humanos, así como los propios familiares de los inocentes detenidos.
Alfredo Mejía, integrante de MOVIR, enfatizó que no están de acuerdo con las audiencias masivas, “donde están condenando a 60 años a inocentes, pero eso es poco”, ya que el principal testigo de la FGR, es “un pandillero activo”, el cual se ha criteriado para acusar a los demás procesados.
“Estamos a expensas de un criminal que le ha hecho daño a la sociedad y es el que viene a señalar a un inocente para condenarlo a 60 años”, lamentó Mejía en declaraciones a la prensa.
Samuel Ramírez, de MOVIR, señaló que en dicho centro judicial es donde se condenan masivamente a los detenidos del régimen de excepción.
“Siempre que hay un juicio masivo muestran a los verdaderos pandilleros para justificar la condena de los inocentes. Esta es una actitud perversa del gobierno”, comentó Samuel Ramírez, ante la propaganda que emite el Gobierno cuando los centenares de pandilleros enfrentan las audiencias masivas frente a las cámaras.
Ramírez alertó que en el Centro Judicial de Soyapango se comete “un genocidio” ya que se condenan a 20, 40 y 60 años a miles de personas sin que hayan cometido delitos.
El régimen de excepción se implementó desde el 27 de marzo de 2022; luego de un repunte en los homicidios. Desde entonces se han detenido a más de 92 mil personas; entre ellos, personas que nada tienen que ver con pandillas.
