Posible cierre de unidades de salud Barrios, Lourdes y Montserrat

Saúl Méndez

Colaborador

El Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT) advirtió sobre el posible cierre de las unidades de salud Gerardo Barrios, Lourdes y Montserrat, lo cual no solo afectaría la estabilidad laboral del personal, sino que también podría saturar los principales hospitales del área metropolitana.

Sonia Viñerta, vocera del MDCT, explicó que la medida impactaría además a las familias que dependen directamente de los trabajadores de estas instituciones. No obstante, subrayó que el problema se agrava cuando la población se queda sin acceso a servicios básicos de salud.

“La Unidad de Salud Barrios no solo atiende a personas del área metropolitana, sino también a población de todo el occidente del país que llega a solicitar atención. En ese sentido, toda esta población se quedaría sin recibir estos servicios”, alertó.

Asimismo, la organización advirtió que esta situación incrementaría la saturación en las unidades que continúen operando, así como en los hospitales.

“Cuando las personas ya no tienen acceso al primer nivel de atención, se ven obligadas a acudir a los hospitales, lo que termina colapsando las unidades de emergencia”, explicó Viñerta.

“Muchas de las enfermedades que podrían resolverse en el primer nivel de atención terminan llegando a los hospitales precisamente porque ese servicio deja de existir. Esto genera una sobrecarga laboral en el personal de salud y, como consecuencia, surgen quejas por maltrato o mala atención. La población percibe su problema inmediato, pero no necesariamente identifica la falla estructural del sistema”, señaló el MDCT.

“Si en una unidad de salud se suprime al personal, toda esa demanda se traslada al hospital. Pero en los hospitales también ocurre algo similar: se ha despedido personal de enfermería, administrativo y médico. Además, muchos profesionales han renunciado debido al estrés, al maltrato y a las condiciones laborales”, cuestionó Viñerta.

Según el MDCT, a esta problemática se suma la presión ejercida por las autoridades.

“Existe acoso, vigilancia constante y múltiples restricciones. Por ejemplo, se les prohíbe informar cuando no hay medicamentos disponibles. Esa responsabilidad recae entonces en el trabajador de salud, mientras la población se queja del servicio recibido, aunque no sea su responsabilidad directa”, lamentó.

Viñerta afirmó que el personal de salud se encuentra “entre la espada y la pared”: por un lado, el reclamo de los pacientes, y por otro, las restricciones institucionales que les impiden decir la verdad, bajo amenaza de despido o incluso de enfrentar procesos ante las juntas de vigilancia profesional, lo que podría impedirles ejercer tanto en el sector público como en el privado.

“Toda esta situación, aunque representa un problema laboral para los sindicatos y trabajadores de las instituciones, también es un problema para toda la población salvadoreña. Por eso, insistimos en el llamado a que todos asumamos la responsabilidad de defender este derecho”, apuntó.

“El pueblo salvadoreño, junto con la clase trabajadora y el personal de salud, debe defender el derecho a la salud. No se puede dejar esta carga únicamente a médicos, enfermeras o trabajadores del sector; es una responsabilidad colectiva”, sostuvo Viñerta.

“Así como se ha hecho en ocasiones anteriores, es necesario actuar de manera conjunta. De hecho, fue de esa forma que en el pasado se logró detener los procesos de privatización de la salud: con la unidad entre el pueblo y los trabajadores, saliendo a las calles a defender este derecho. En ese sentido, no hay otra forma de lograrlo”, concluyó.