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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Plataforma por la Seguridad Ciudadana (PSC) conformada por 18 organizaciones pidieron a los candidatos a ocupar una curul en la Asamblea Legislativa, que las políticas de seguridad ciudadana deben ser públicas, transparentes, participativas e integrales; que pongan al centro los derechos humanos de la ciudadanía y opere dentro del marco del Estado de Derecho y la democracia.
La PSC propone cuatro ejes que incluye prevención de la violencia y delincuencia; control y persecución del delito; rehabilitación y reinserción social, y atención a las víctimas, aspectos que han sido elaborados desde la experiencia acumulada en los diferentes espacios de intervención en materia de seguridad ciudadana.
Las organizaciones reconocen que el descenso de las muertes violentas en los últimos meses, representa un cambio significativo y fundamental para las poblaciones que han vivido situaciones de violencia letal durante décadas, sin embargo, es necesario que este descenso se profundiza y mantenga por el bien de los sectores con mayor demanda de protección reforzada, por su exclusión como niñez, adolescencia, juventud, mujeres, población LGTBI, personas privadas de libertad, entre otras.
Asimismo, consideraron que las candidaturas a la Asamblea Legislativa tienen un gran reto por delante, porque no solo deben dignificar la función pública, sino también dar muestra de su capacidad técnica y ética para ocupar el cargo, por lo cual, exigieron armonizar los marcos normativos vigentes en seguridad, de acuerdo a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, género e inclusión.
También pidieron a los futuros diputados regular la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, de acuerdo a los límites constitucionales y ante el riesgo de utilización política de la institución, así como reconocer la necesidad y urgencia de revisar y reformar los marcos regulatorios de la PNC fortaleciendo sus controles internos y la lucha contra la corrupción general.
La PSC solicitó generar marcos normativos que regulen, den sostenibilidad y permanencia a un sistema nacional de prevención de la violencia y un sistema nacional de atención y protección a las víctimas, así como la revisión de la política criminal respecto a violencias crueles, como aquella por medios sexuales. “Exigimos el archivo de la propuesta de Ley de Seguridad Nacional y la revisión profunda de las propuestas de reformas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en coherencia con las garantías procesales y los derechos humanos. También demandamos la aprobación de la propuesta de Ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras en El Salvador y compromiso de generar y mantener espacios de participación y diálogo”, reiteró la PSC.
