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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Diferentes organizaciones de la sociedad civil señalaron los hechos del 9F de 2020 como un exceso en las fuerzas del orden y atribuciones del presidente de la República, Nayib Bukele, con el fin de afectar las funciones y competencias de la Asamblea Legislativa. También, desde ese día se puso de manifiesto el discurso de odio, avasallamiento al control constitucional y la necesidad frenética de violentar los controles constitucionales por parte del mandatario.
Tras su fracaso el 9F, el presidente no ha cesado de atacar la Constitución, a la prensa, opositores, organizaciones de la sociedad civil e instituciones, incluso, ha menospreciado a personalidades internacionales que exigen el respeto al Estado de derecho, la amenaza no solo persiste, sino que ha escalado.
Roberto Rubio -director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)- manifestó que el 9F reveló el proyecto de gobierno de Nayib Bukele, pues al tomarse la Asamblea por la fuerza, con la ayuda de los militares y la PNC, indica una concentración del poder, donde la democracia y las instituciones que pueden hacerle contrapeso le incomodan y deben anularse.
Asimismo, al haber revelado el uso de las armas como el principal instrumento en su proyecto de poder, también quedó de manifiesto la agresividad y palabras violentas, y es precisamente el tono que ha venido utilizando el mandatario.
La abogada y demandante del proceso de inconstitucionalidad sobre el 9F, Ruth López, señaló que en esa fecha se expresó tanto la resistencia del Ejecutivo sobre las decisiones del Legislativo, como los rasgos autoritarios que han sido a partir de ese día cada vez más visibles.
Añadió que previo al 9F hubo una campaña articulada en redes sociales y llamados a la insurrección, en el caso que la Asamblea Legislativa no sesionará tal como lo había pedido el consejo de ministros. El uso político de la Fuerza Armada y del Ministerio de Defensa fue evidente a partir de ese momento y desde esa época ha sido una escalada interminable de la militarización en la vida política de El Salvador.
“El 9F ha sido reconocido tanto por la comunidad internacional como por la sociedad civil, académica y otros sectores, también por la máxima instancia de control constitucional en el país que es la Sala de lo Constitucional, como un exceso en la fuerza del orden y de las atribuciones del presidente de la República con un único objetivo, en este caso afectar las funciones y competencia de la Asamblea”, expresó López.
José Vivanco -director de la División de las Américas de Human Rights Watch- señaló que una de las más graves amenazas al orden democrático en toda América Latina se dio el 9 de febrero del año pasado cuando Nayib Bukele decidió invadir la Asamblea Legislativa acompañado de militares con armas largas, un hecho insólito sin precedentes en la historia reciente de la región, se trató de un acto de matonería que pretendía intimidar a los legisladores.
“Este hecho demostró el profundo desprecio que Bukele siente por las reglas del juego democrático, la opinión pública mundial se hizo una imagen más fidedigna, más nítida de la actitud despótica con que gobiernan el actual jefe de Estado de El Salvador. Ahora a Bukele se le ha puesto un poco más difícil y no contaría hoy en día, con la anuencia de la comunidad internacional si intentara un acto similar al que realizó el 9 de febrero pasado”, agregó Vivanco.
Según Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), las esperanzas de los salvadoreños que el nuevo gobierno fuera diferente se perdieron el 9 de febrero del año pasado, cuando en un alarde de autoritarismo el presidente Bukele se tomó la Asamblea Legislativa acompañado de la Fuerza Armada y la PNC.
“Ese día nuestra democracia retrocedió cuarenta años, cuando los golpes de Estado eran comunes, y pasará a la historia como un día en que un presidente con sus berrinches intentó destruir nuestra democracia y convertirse en emperador, para hacer y deshacer cómo le diera la gana”, manifestó Simán.
