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Dennis Argueta
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La Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares presentó una carta a la Fiscalía General de la República, para que se investiguen los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2020, mejor conocido como 9F, donde el presidente Nayib Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa con la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil.
“Venimos esta mañana a presentar una carta al fiscal general de la República, Raúl Melara, para pedirle que agilice las investigaciones sobre los hechos que ocurrieron en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del año pasado”, dijo Rodolfo Calles, representante de la coordinadora.
La coordinadora enfatizó en que la investigación no ha avanzado y por tal razón presentaron la carta al fiscal, para así agilizar las respectivas investigaciones. La coordinadora salvadoreña es una alianza a nivel nacional que tiene aproximadamente 100 organizaciones de sectores ambientales, agropecuarios, sociales, salud y sindicatos.
Entre las peticiones que la coordinadora realizó está la petición de desafuero en contra de aquellos funcionarios que hayan tenido participación en los hechos, y que sean investigados de manera formal y bajo la ley.
“Por eso es importante que el Fiscal como representante del Estado agilice y ponga sus buenos oficios para que se respete la democracia en este país”, argumentó Calles.
Previo al 9 de febrero de 2020, Nayib Bukele había convocado en redes sociales a una concentración hasta la Asamblea Legislativa, como medida de presión para la aprobación del préstamo de $109 millones para la fase III del Plan Control Territorial. Sin embargo, hubo desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo y la aprobación del préstamo no se culminó.
En el desarrollo de la concentración, Bukele irrumpió las instalaciones de la Asamblea Legislativa en compañía de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil; horas antes de los hechos la zona ya había sido militarizada, incluso había francotiradores en los edificios.
Estos hechos estuvieron en la vista pública tanto nacional como internacionalmente, y diversos sectores de la sociedad y organismos internacionales, tales como Human Rights Watch, tacharon la toma de la Asamblea como un golpe a la democracia e irrespeto a los tres poderes del Estado.
