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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Lo que hace 20 años era un relleno sanitario, un ‘charrascal’ y un espacio inhabitable, la Comunidad Primero de Diciembre lo ha transformado hoy en día en un lugar donde habitan más de 5 mil personas, en hogares construidos con láminas y protegidos por plásticos. Pero, ahora, se ven amenazados ante un posible desalojo por los presuntos dueños del terreno. Los más afectados son los más de 350 ancianos de la zona que no podrán pagar su lote o el alquiler del mismo, pues aseguran que el monto es imposible de pagar.
La Comunidad Primero de Diciembre está ubicada en Soyapango, San Salvador Este, a un costado del Bulevar del Ejército, sobre el kilómetro 5 ½ en dirección a San Salvador, que también conecta con Agua Caliente. Allí viven 1,200 familias que dicen estar preocupadas ante un posible desalojo por parte de la empresa propietaria del terreno.
La comunidad informó a Diario Co Latino que, anteriormente, no se conocía de un propietario del terreno; pero hace 2 años, aproximadamente, se conoció que Quebec S.A de C.V. es la propietaria. Sin embargo, los habitantes aseguran que no se han presentado escrituras o alguna documentación que pruebe que sean los verdaderos dueños.
Informaron que los lotes donde viven no tienen matrícula y los representantes de la empresa “andan amedrentando” a los habitantes para que paguen por el terreno que utilizan o que los alquilen. Si manifiestan que no los pueden pagar, los representantes de la empresa les dicen que deben desalojar.
Pobreza, enfermedades y desalojo
Pilar Mercedes Lara Méndez tiene 64 años y está acostumbrada a vivir el día a día en un espacio pequeño construido con láminas viejas y con plástico, pero que ha sido su hogar durante muchos años. El invierno es uno de sus enemigos, además de la pobreza, las enfermedades y, ahora, la incertidumbre.
Al interior de su «hogar» tiene una cama con un mosquitero con hoyos; un televisor está a la par de una cocina portátil y, encima, una ollas y platos de comida descubiertos. Junto a su cama deteriorada, a la que se le sale la esponja, se encuentra un huacal con agua donde lava un pollo. Ese sería un festín para ella y su esposo, pero las preocupaciones sobre un posible desalojo, al no poder pagar por el terreno donde se encuentra su vivienda, es un mal sabor constante.
“Sinceramente no lo podemos pagar, acá somos muy pobres, ya vamos a cumplir 20 años de vivir aquí”, comentó mientras recuerda que compró por 500 dólares un primer lote, el cual le fue quitado por pandilleros que controlaron la zona hasta antes del régimen de excepción.
Ella, debido a enfermedades, pasa la mayoría de su tiempo en cama, dando palabras de aliento a su esposo, Miguel Rodríguez, de 68 años, quien se dedica únicamente al reciclaje para llevar el sustento al hogar.
Miguel recuerda que cuando llegaron al lugar era “un basurero completo” y ahora, “se quieren aprovechar” porque hay energía y agua. “Yo ‘anantillas’ alcanzo para darle de comer a la viejita (su esposa), mire cómo tengo mi champa… Aquí vemos mucha gente pobre que no alcanzamos, pasamos con 3 dólares al día. ¿Y cómo vamos a alcanzar a pagar nosotros una cantidad de lo que ellos nos están pidiendo?”, cuestionó.
Él considera que, si fueran conscientes, podrían recoger una cuota más o menos accesible; pero les están pidiendo una cuota demasiado alta. “No importara que nosotros aguantáramos hambre”, asegura.
Jesús Borja, otro habitante, relata que fue uno de los primeros en construir su vivienda con varas de bambú y plásticos. Se dedica al reciclaje a sus 62 años de edad y pagar los $147.60 que le pide Quebec al mes por su terreno es algo casi imposible.
María Rosales Chávez también habita en la Comunidad y recuerda que “el primero de diciembre (2004) caímos. Nos costó limpiar y rellenar esta calle, porque aquí no era tierra firme era un basurero, nosotros lo compusimos; muchas personas nos unimos (…). Hoy está bien bonito, ya están saliendo los dueños», dijo luego de 20 años de vivir allí.
La amenaza de la estafa
Un primero de diciembre de 2004, personas que no tenían a dónde ir se asentaron en el lugar y decidieron nombrar a la comunidad así: Primero de Diciembre. Se “tomó posesión” del terreno junto con los expatrulleros, ellos ayudaron a entrar y a parcelar los pedacitos. Llegaron al menos 150 personas y ahora son más de 5 mil. Hay tres sectores, Viuda de Alas, Victoria y Gerardo Barrios.
Desde entonces, han luchado para tener agua potable y energía eléctrica, las cuales consiguieron inicialmente de forma ilegal, “por la misma necesidad”. La energía eléctrica fue más fácil de instalar con una de las empresas distribuidoras, pues el servicio es privado, mientras que para el agua potable se logró hasta el 2013.
La comunidad se ha enfrentado a diversas estafas a lo largo de su establecimiento, pues no han conocido a los dueños de los terrenos. Ahora, los habitantes no están 100 % seguros de que la empresa Quebec sea propietaria del terreno, ya que no ha presentado mayor información. Señala que años atrás han aparecido “un montón de dueños” pidiéndoles dinero por el terreno o una cantidad al mes, pero la misma comunidad “les ha dado carrera” al no presentar pruebas de ser los propietarios.
“Hoy aparecieron estos señores (Quebec, S.A de CV) que dicen que sí han presentado documentación, lo que no tienen es matrícula de cada pedacito de donde vivimos, y con esa situación no puede cobrarnos individualmente el terreno. Obviamente, si no tienen una matrícula que pueda presentar, ¿qué vamos a estar pagando?”, cuestionó Ana Julia Benavides, habitante y miembro de un comité ciudadano.
Lo que ha hecho la empresa, según informaron los habitantes, es medir los terrenos y así calcular el valor total del terreno y el precio de alquiler. La empresa contrató a algunos de los mismos habitantes para medir los terrenos; de hecho, durante un recorrido por la comunidad, se pudo observar cómo una persona medía el frente de una vivienda.
Una de las habitantes a quien se le midió el terreno en el sector de Las Victorias compartió su constancia, emitida por Quebec S.A. de C.V., donde se detalla la información del lote, su precio comercial y un supuesto descuento.
El lote ocupa 199.80 varas cuadradas. “El valor comercial de los lotes en esta área es de $150 por vara cuadrada (v2), con base en las medidas de su lote, el valor real del terreno es el siguiente: Precio comercial del terreno: 199.80 x 150 = $29,969.54 precio real del terreno”, se lee.
En el mismo documento, señala que Quebec Inversiones y Desarrollo, “comprometido con mejorar la calidad de vida de las familias de la comunidad 1° de Diciembre y en colaboración con distintas entidades gubernamentales, ha logrado la clasificación de Interés Social, lo que permite reducir considerablemente el precio del lote”. Es por ello que el precio final es de $12,986.80. “Dicho monto no incluye los costos de medición, escrituración y registro valorados en $645”, se lee en el documento firmado por Alejandro Pinto, gerente general de la empresa.
“No pedimos que nos regalen, sino que nos pongan una cuota justa”
Para pagar el lote, la empresa les exige que hagan un crédito con una entidad bancaria, “la mayoría de los habitantes no calificamos a ningún crédito. Estamos en el limbo y cómo voy yo (al banco) a querer sacar un crédito, pero no llevo nada. Yo llego a él (Pinto) y le digo: mire, fíjese que me han pedido la escritura, la extractada y la solvencia de la alcaldía, y él no da facilidad de ningún papel. Él solo dice ‘yo lo voy a llevar’. ¿Cómo va a ir a donde yo voy a solicitar un crédito? Es algo ilógico”, planteó Benavides. A su juicio, “es bien injusto”, pues han levantado sus champas con mucho esfuerzo en un país que tiene un déficit habitacional superior a 400,000 viviendas.
Jenny Mejía, 50 años y 20 de vivir en la comunidad, afirmó que tampoco puede pagar las cuotas que les ha impuesto la empresa, ya que se dedica al reciclaje. En medio de esta situación, le preocupa su hijo, quien padece de problemas en la garganta y eso imposibilita las comidas sólidas. Solo ingiere leches y cereales, por lo cual siempre debe tener a la mano unos $5 para que su niño no padezca de hambre. Llorando, relata que por su terreno le piden $7 mil y el alquiler costaría $177 al mes.
Según el Código Civil de El Salvador, si una persona vive en un terreno que no es de su propiedad por más de 30 años de forma continua, puede gestionar para que pase a su nombre, pero esto no se cumple ya que tiene sólo 20 años.
Jessica Carolina González, de 84 años, es otra de las ancianitas de la zona, señala que no pude pagar el terreno porque vive solita. “En las noches yo me pongo a rezar y le digo a Dios ‘Señor poderoso para dónde voy a agarrar’, porque si me llegan a sacar de aquí, yo no tengo para dónde irme”.
Nelson Torres, miembro de la comunidad y líder de la iglesia espera que las oraciones y las palabras lleguen hasta las autoridades correspondientes, incluido al presidente de la República, Nayib Bukele. “Aquí estamos en un proceso muy grande. Él (Alejandro Pinto) anda diciendo que aquí era una finca y no, aquí era charrales, unos grandes basurales, la gente para ver bonito han trabajado. Ahora ellos, como ya ven bonito, quieren los terrenos”.
“Aquí hay bastantes ancianos y niños, a veces quizá no tienen para la comidita o la champita se les anda cayendo. Exponemos esta situación para que pongan atención los de allá arriba”, dijo en referencia a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Presidencia de la República.
“No pedimos que nos regalen, sino que nos pongan una cuota justa, una cuota digna que podamos pagar nosotros. Pero aquí una ancianita o ancianito que anda recogiendo pichinguitas, ¿cómo va a pagar lo que piden?”, cuestionó Torres.
Ultimátum para el 30 de junio
Quebec S.A. de C.V. dio un ultimátum para el 30 de junio de este año, luego de proponer cuatro opciones: comprar el terreno de contado, comprar el terreno al crédito, alquiler del terreno o liberar el terreno. A partir del primero de julio, todos comenzarían a alquilar por su lote; los habitantes señalan que los ha amenazado con quitarles el agua.
Antes del 30 de junio, los habitantes deben cancelar el 5 % de prima del valor del terreno, algo imposible para los habitantes, quienes piden cuotas adecuadas a cada caso y han pedido que se les haga un estudio socioeconómico.
La empresa Quebec ha hecho al menos tres reuniones desde hace dos años. La primera fue en octubre de 2023, la segunda a finales de octubre de 2024 y, la más reciente, fue hace un mes, según comentan los mismos habitantes.
La directiva de la comunidad, en palabras de Benavides, iba a preparar estrategias para bloquear a Quebec, se pretendía ir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a exponer sus casos.
De hecho, la directiva de la Comunidad llegó este miércoles 26 de junio a las oficinas de la Procuraduría para solicitar la ayuda con respecto a que las personas de escasos recursos no pueden cancelar la cuota alta que les están pidiendo; pero esa petición fue rebotada a la Procuraduría General de la República (PGR).
“Quebec no se dirigió a la comunidad”
Yessenia Amaya, habitante y exmiembro de la directiva, informó que otra molestia entre la comunidad es que los representantes de Quebec “en ningún momento se dirigieron a la comunidad, sino que hacían sus reuniones con la Junta Directiva”.
Gabriel Díaz, presidente de la directiva (reconocida por la municipalidad), dijo a Diario Co Latino que han caminado con representantes de Quebec en los terrenos donde existen 1,541 champas y aproximadamente 6 mil habitantes, que se encuentran en una incertidumbre por la situación con Quebec.
Aseguró que están dispuestos a pagar, pero con una cuota justa. Sobre la documentación de escrituración y si Quebec es la propietaria del terreno, Gabriel Diaz informó que ellos, como Junta, sí están seguros de que dicha empresa ha comprado el 90 % del terreno que conforma la comunidad y lo habría comprado en una subasta. También habría pagado los impuestos municipales.
Quebec es propietaria de 231,256.50M2, equivalente a 33 manzanas de terreno, según se pudo constatar en una escritura pública que los directivos de la comunidad poseían, luego de pedirlas al Centro Nacional de Registros (CNR). Díaz informó que la documentación que se le presentó a este medio de comunicación también fue informada en su momento a los miembros de la comunidad, pero, aun así, los habitantes se rehusan a creer que Quebec sean los propietarios, debido a las estafas de años atrás.
Información del Centro Nacional de Registro señala que la empresa se habría creado a finales de 2020 y habría adquirido los terrenos por entre $171 mil a $200,000, las 33 manzanas que ahora está cobrando a los habitantes.
Yessenia Amaya califica al gerente general de Quebec, Alejandro Pinto, como “un señor prepotente, mal hablado, malcriado y humillador”, ya que no respeta al adulto mayor. “Tenemos 362 adultos mayores, a los cuales él se ha dado la tarea de no respetarlos. ¿A qué me refiero con esto? Llegan (los ancianos) y le dicen ‘mire, yo no le puedo pagar’ y él (Pinto) dice ‘búsquese un familiar que le compre su lote, mi lote’, dice él. No sé por qué dice él que es suya la casa, y él me imagino que es un empleado, como cualquier otro”.
La comunidad expuso dos situaciones con respecto a los ancianos de la comunidad; una de ellas es que los ancianos que actualmente están fueron de los primeros habitantes que poblaron la comunidad, tras no tener un espacio o familia donde pasar sus días. Otra de las situaciones es que algunos ancianos llegaron porque sus familiares los dejaron ahí y ya nunca volvieron.
“Si vivimos aquí, es porque no tenemos donde vivir. ¿Usted cree que es agradable estar en un lugar de estos? Cuando nosotros venimos acá en el 2004, aquí era monte, (había) culebras, animales, dormíamos en el suelo. Amanecíamos con una serpiente a la par, o un gato montés jalando nuestro pelo”, comentó Amaya.
Algunos de los terrenos están valorados en $10 mil, $15 mil, $25 mil, $35 mil e incluso $65 mil. “¿Qué es lo que quiere el señor?, que como prima le demos el 5 % de lo que cuesta la propiedad”. “No podemos, somos gente de escasos recursos, por eso vivimos acá”, dijo.
Recientemente, les propusieron que les dieran “letra corrida”, ya que ellos como habitantes no pueden pagar el 5 % del valor total del terreno. Amaya informó que le propusieron pagar un máximo de $100 al mes, si se limitaban a comer una sola vez al día “por el tiempo que sea posible”, pero se les negó la propuesta.
Hace como 9 meses, según dijo Gabriel Díaz, Quebec informó que iba a ver por la situación de los ancianos de la comunidad que no pueden pagar el terreno o el alquiler; les informó a los de la directiva que iban a buscar una solución, pero con el tiempo también se les ha tratado como al resto (personas jóvenes y adultos).
La directiva informó que Quebec tiene presencia en el 90 % de la comunidad, solamente un 10 %, el cual se conforma por 37 lotes, sería de propiedad de Armando Varela, otro de los dueños. Según comentó Santos Castillo, de la Junta, esos lotes los tendría hipotecado. Santos hizo un grito de auxilio al presidente Bukele para que les ayude en esta situación. “Es un grito de auxilio para todas las personas que habitamos en la Comunidad 1 de Diciembre, que por favor nos eche la manita, porque contamos con ancianos que viven de coritas que piden o que viven de reciclaje”.
Una de las habitantes, Ana Julia Aguilar, de 67 años, pidió a Nayib Bukele que compre el lugar donde residen para, posteriormente, pagarle a él con una cuota baja, debido a que su estado actual no les permite pagar las cuotas que solicita la empresa.
“Le pedimos que compre el terreno y que nosotros le podamos pagar a él con una cuota baja que podamos pagarla. No le pedimos ni al dueño ni al presidente que nos regale el terreno. Por lo menos es que podamos pagar mensualmente una cuota baja que nos dejen para que paguemos”, comentó la afectada entre lágrimas.
En su sitio web, la empresa Quebec S.A. de C.V. expone “el trabajo de Quebec en Comunidad 1° de Diciembre”, donde detalla que, de marzo a junio de 2023, se hizo la “presentación del proyecto en la comunidad”. El 15 de octubre, se habría desarrollado la “primera asamblea comunitaria, donde se realizó la presentación de Quebec Inversiones y desarrollo como empresa propietaria del inmueble”, se levantó un censo y la medición individual de cada uno de los lotes habitados.
En julio de 2024, se hizo la “verificación de habitabilidad y colocación de stickers con código y número de lote en los 3 sectores de la comunidad”. En septiembre se obtuvo la “Certificación de Proyecto de Interés Social por el Ministerio de Vivienda”. En noviembre, finalmente, se habría entregado la carta informativa de las medidas y precio de cada uno de los lotes.
La empresa señala que también hubo una feria de créditos en noviembre del año pasado. En las fotografías, se puede observar que toman la información de habitantes con la participación de estos; pero, según la directiva, el 80 % de los habitantes no puede acceder a un crédito.
Diario Co Latino mandó un correo electrónico a la empresa para que brindara su postura y además como derecho de respuesta a la información recolectada. Sin embargo, al cierre de esta nota, no hubo respuesta.
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