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Según el estudio presentado por FESPAD y Crisis Group denominado “Política y Violencia Perpetua en El Salvador”, ha habido ejecuciones sumarias. Foto Diario Co Latino.

Plan El Salvador Seguro debe ser fortalecido

Joaquín Salazar
@JoakinSalazar

El Plan El Salvador Seguro es un buen plan, pero no se está ejecutando completamente”, dijo Sofía Martínez, analista e investigadora de International Crisis Group, entidad que junto a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) present el informe “Política y Violencia Perpetua en El Salvador”.

El estudio realizado en los últimos ocho meses determinó que El Salvador ha tenido avances en el tema de seguridad y prevención, principalmente desde el año 2009. No obstante, reconoce que debe seguir enfocando esfuerzos en el tema de prevención de la violencia, evitando que las juventudes ingresen a grupos delictivos.

El informe expresa que El Salvador contabiliza 60 mil pandilleros activos y que 500 mil familias están relacionadas a las pandillas, y que, aclara, no necesariamente tienen vínculos con grupos criminales. “Ahora debería implementar planes para prevenir la delincuencia, rehabilitar a pandilleros e impulsar el desarrollo en las comunidades marginadas”, explicó Martínez.

El informe destaca que las políticas represivas no son las únicas que deben ser ejecutadas por el Estado salvadoreño, al contrario, hay que apostarle a una ley de rehabilitación y medidas preventivas que permita evitar que más jóvenes se integren a las pandillas.

“Hay que evitar que esos 60 mil miembros de pandillas crezca”, opin

En tal sentido, FESPAD e International Crisis Group recomiendan al gobierno de turno que implemente de manera concreta los cinco ejes del “Plan El Salvador Seguro”, y equilibrar la inversión entre la aplicación de la ley, el fortalecimiento institucional y la prevención de la violencia.

“Aprobar un marco legal para la rehabilitación, con especial énfasis en la reinserción a la sociedad de los expandilleros en colaboración con las ONG locales y la Iglesia”, recomendó Martínez.

De igual manera, piden reconocer el desplazamiento forzado, permitir visitas de organizaciones humanitarias a privados de libertad.

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