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Yaneth Estrada
@caricheop
La Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor para la Aprobación Integral para Víctimas del Pasado Conflicto Armado, y la Comisión de Trabajo Pro Memoria Histórica de El Salvador entregaron una carta al presidente de la República Nayib Bukele, para continuar algunos procesos y programas de atención que fueron suspendidos debido a la eliminación de la Secretaria de Inclusión Social (SIS).
La entrega del documento que fue sin acceso a la prensa, señala que aunque vieron con buenos ojos quitar el nombre de Domingo Monterrosa Barrios a la Tercer Brigada de Infantería en San Miguel, también “observan con preocupación la afectación de otros procesos de reparación a víctimas del conflicto armado que se encontraban en funcionamiento”.
Los promotores de derechos humanos advirtieron a la nueva administración sobre: “la necesidad de confirmar la continuidad y el fortalecimiento de otros espacios de trabajo ya existentes”, a favor de las más de 75 mil víctimas y familiares de desaparecidos durante el pasado conflicto armado 1980-1992.
Retomar procesos
Entre algunos puntos concretos recomendaron reorganizar la aplicabilidad del Decreto Ejecutivo 204 (2013) y su reforma (2016), que establecen un programa Gubernamental de reparaciones morales, un mecanismo de compensación económico básico y un registro de víctimas.
Esto con base a las sentencias contra el Estado Salvadoreño emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2012.
Asimismo, pidieron reafirmar la continuidad y apoyar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el conflicto armado interno (CNB), creada por Decreto Ejecutivo No. 5 en 2010 a raíz de la sentencia de la Corte IDH en 2005 en el caso de las Hermanas Serrano Cruz, así como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador (CONABUSQUEDA) creada por Decreto Ejecutivo No. 33 en el año 2018. Asimismo, exigen garantizar el resguardo de información sensible recolectada por la Secretaria de Inclusión Social, en particular lo referido a la fase 2-b del censo de víctimas que la SIS había iniciado.
Además en calidad de comandante general de las Fuerza Armadas le piden a Nayib Bukele, ordenar que se pongan a disposición de las autoridades judiciales y fiscales, y representantes legales de las víctimas los archivos militares.
Además, insistieron en no sancionar una nueva Ley de Amnistía o amnistía encubierta.
