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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación ante la violencia continuada contra personas defensoras de derechos”, al partir de un registro entre mayo a agosto del presente año en la región, por lo que “urgió”a los Estados a redoblar esfuerzos para proteger a quienes defienden derechos humanos.
“En el segundo cuatrimestre del año se siguen registrando actos de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos. En particular, preocupa a la Comisión que, durante este período, conoció sobre un elevado número de asesinatos en varios países de la región, así como actos de hostigamiento y criminalización por sus actividades de defensa”, argumentó la CIDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano autónomo y principal de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH, tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) menciona de graves violaciones en países como: Brasil, Colombia, Venezuela y Perú en América del Sur, mientras en Centroamérica a Guatemala y Honduras y México.
Solo en Brasil, la OACNUDH documentó al menos 19 casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 7 de ellos terminaron siendo asesinados.
Entre los casos el defensor indígena Guaraní Kalowá (pueblo del Bosque), Marcio Moreira, en el municipio de Amambal, estado de Mato Grosso do Sul, y de Serverino Bernardo da Silva, quien integraba el movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en Pedras de Fogo, Paríba.
En junio fue asesinado el defensor indígenas Guaraní Kalowá, Vitor Fernandes, en Amambaí estado de Mato Grosso do Sul; el defensor campesino Wesley Flávio da Silva, en el municipio de Campo Novo de Rondônia, Rondônia.
La CIDH condenó el asesinato del periodista Dom Phillips y del defensor y experto en el Pueblo Indígena Guaraní, Kalowá, Alex Vasques Lopes, en las cercanías de la reserva de Taquaperi, en Coronel Sapucala, Mato Grosso do Sul.
En Colombia, el informe de la Defensoría del Pueblo indicó que entre mayo y agosto de 2022, recibió y verificó 62 casos de homicidios de “líderes sociales y defensoras de derechos humanos”.
En la región centroamericana, Guatemala reportó al menos tres defensoras de derechos humanos asesinadas en el último cuatrimestre de 2022. Santos Samayoa, asesinado en agosto, integrante del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA).
En julio pasado fue hallado el cuerpo sin vida del alcalde indígena Maya Kìché, Apolinario Morales Orozco, en la aldea Las Majadas, Quezaltenango. Y la última víctima fue el defensor Pablo Ramos, integrante también de CODECA, quien fuera ejecutado en el mes de junio en el municipio de Morales, Izabal.
En Honduras, la OACNUDH documentó el asesinato de dos defensores en el segundo cuatrimestre del presente año. El primer defensor de derechos de la población LGBTI, Brayan Josué López Guzmán, en San Pedro Sula, Cortés, en junio pasado. Y el segundo, el defensor ambientalista, Donaldo Rosales Meza, en Minas de Oro, Comayagua.
En cuanto al informe de México, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos da cuenta del asesinato de seis personas defensoras. En agosto fue asesinada Rosario Lilian Rodríguezen el municipio de Elota, Sinaloa; en julio, el defensor indígena Crispín Reyes, en el municipio de San Juan Juquilla, Mixes, Oaxaca.
Siempre en México, la CIDH condenó el asesinato de los sacerdotes Jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, ocurrido el 20 de junio pasado, crimen ocurrido al interior del templo de la comunidad en Cerocahui, municipio de Urique, Chihuahua.
Así también, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús Bañuelos Acevedo, en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo. Y en el mes de mayo, se registró el asesinato del defensor del territorio Humberto Valdovinos Fuentes, en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca.
En Perú, la OACNUDH reportó que el pasado mes de agosto, asesinaron al defensor indígena, Genaro Comisario Bitap, en Datem de Marañón, Loreto. El Estado peruano informó a la OACNUDH que el caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público.
“La CIDH urge a los Estados investigar de forma exhaustiva, seria e imparcial, y a tomar como primera hipótesis la posible vinculación de estos actos de violencia con la labor de defensa”, expresó.
“De igual forma, buscar la incorporación de un enfoque diferenciado de género y éticno-racial en la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes, y en la implementación de medidas de reparación a las y los familiares de todas las víctimas, dar garantías de no repetición”, advirtió la CIDH.
Asimismo, la OACNUDH señaló también las prácticas de “criminalización del movimiento social”, al mencionar a Venezuela, que utiliza la legislación “antiterrorismo” para obstaculizar la labor de las personas defensoras.
Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia ha detenido a tres defensores de derechos humanos: el dirigente sindical, Alcides Brancho, y el 5 de junio en similares circunstancias fue detenido el sindicalista Emilio Negrin, y el 7 de julio detuvo al trabajador humanitario y sindicalista Gabriel Blanco.
Estos tres defensores fueron imputados con delitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y fueron presentados ante tribunales con competencia especial en terrorismo.
Así También, informaron que junto a estos 3 defensores de derechos humanos, Ana Leonor Acosta, Kevin Zambrano y Alonso Medina han sido informados de un proceso en su contra por la División Antiterrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela.
“La criminalización de personas defensoras promueve el estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio. A su vez, el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamentos en contra de ellas, tiene un efecto amedrentador en su labor”, indicó.
“Adicionalmente puede generar una paralización del trabajo en defensa de derechos humanos. En especial, cuando se trata de mujeres que realizan esta labor, la criminalización resulta inhibidora, además aumenta y exacerba las desigualdades sociales existentes”, reafirmó la CIDH.
Sobre la labor de las personas defensoras en la región, la CIDH reiteró su mensaje que este grupo de personas tiene un “rol fundamental”, que fortalece y consolida la democracia.
“Ante la elevada situación de violencia, la CIDH, recuerda que es obligación de los Estados proteger integralmente a quienes ejercen la defensa de los derechos humanos. La construcción de un ambiente propicio para ejercer el derecho a defender derechos humanos, requiere de la decidida voluntad y accionar de los Estados”, acotó.
“Es indispensable y urgente que adopten medidas positivas que fomenten una cultura de derechos y un ambiente libre de violencia y amenazas, reconozcan y promuevan el valor y la importancia del trabajo de las personas defensoras, protegerlas cuando se encuentren en una situación de riesgo, e investiguen pronta y efectivamente los actos de violencia en contra de ellas”, reafirmó la CIDH.
