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Saúl Méndez
Colaborador
El Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico (MUPC) presentó sus valoraciones sobre los siete años de gestión del presidente Nayib Bukele, periodo que, a su juicio, ha estado marcado por el debilitamiento del Estado de Derecho y vulneraciones a los derechos humanos.
María Inés Dávila, docente y vocera del movimiento, sostuvo que, tras siete años de administración de Bukele y de cara a las elecciones generales de 2027, el país atraviesa un momento en el que es necesario definir transformaciones importantes. “No podemos dejar de mencionar una serie de retrocesos y el deterioro del Estado de Derecho que, en realidad, comenzó en 2020”, afirmó Dávila durante una entrevista en el programa Frente Intercontinental.
Para el movimiento, el 9 de febrero de 2020 marcó el inicio de una serie de acciones que evidenciaron una tendencia persistente a vulnerar lo establecido en la Constitución y el orden constitucional.
“Recordemos que ese día se produjo la ocupación del recinto legislativo por parte del presidente de la República, acompañado por elementos de la Fuerza Armada. Desde entonces ya se observaba una tendencia que, en los años siguientes, conduciría a un mayor deterioro de los avances democráticos y de la apertura democrática que el país había alcanzado”, aseguró.
El movimiento también recordó que en 2021 se celebraron elecciones que dieron paso a una mayoría legislativa controlada por el partido oficialista, Nuevas Ideas. “Este posicionamiento permitió la adopción inmediata de decisiones cuyos efectos seguimos observando en la actualidad”, añadió Dávila.
Entre esas decisiones, señaló, destacan la destitución del fiscal general de la República y la sustitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Según Dávila, estos hechos constituyeron la antesala de una interpretación arbitraria de la Constitución que abrió la puerta a la reelección presidencial.
“Este proceso refleja una reconcentración del poder. La historia de El Salvador ya había mostrado las consecuencias de concentrar el poder en una sola instancia del Estado. Hoy vemos nuevamente una Asamblea Legislativa que adopta decisiones alineadas con el Ejecutivo, sin mayores niveles de discusión o deliberación”, lamentó la docente.
A estos hechos se suma una Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuya composición, según el MUPC, fue modificada para incorporar perfiles afines al Ejecutivo, así como una Fiscalía General de la República (FGR) que también ha actuado en consonancia con los intereses del Gobierno.
“Las consecuencias de este escenario las estamos viviendo actualmente. La Asamblea Legislativa, más que tomar decisiones de manera independiente, ha actuado aceptando las directrices emanadas del Ejecutivo. Un ejemplo de ello fue la derogación de la ley que prohibía la minería metálica y la posterior aprobación de una nueva Ley General de Minería Metálica”, detalló.
“Estas decisiones reabrieron la posibilidad para que empresas que anteriormente no podían desarrollar proyectos extractivos en el país vuelvan a tener presencia. En departamentos como Cabañas, y eventualmente en otras zonas como Chalatenango, podrían impulsarse proyectos que profundicen el deterioro ambiental y afecten las condiciones de vida de la población”, agregó.
Dávila también se refirió a las consecuencias del régimen de excepción.
“No podemos dejar de mencionar el régimen de excepción decretado en marzo de 2022. Cuatro años después, continúa vigente pese a que, por definición, una medida excepcional debería tener carácter temporal. Se ha convertido en un mecanismo permanente que facilita la adopción de decisiones que benefician al actual Gobierno y a los grupos cercanos al poder”, afirmó.
Para el MUPC, una de las principales características de estos siete años de gestión ha sido la consolidación de un modelo de gobierno que ha contribuido al deterioro del Estado de Derecho.
“Sus repercusiones ya son visibles tanto en materia de derechos humanos como en la calidad de vida de la población”, sostuvo.
“No observamos que esta sea la mejor forma de conducir a la nación salvadoreña”, concluyó Dávila.
