El “mayor abuso”

Por Leonel Herrera*

En una conversación reciente me preguntaron sobre cuál es, en mi opinión, el “mayor abuso” cometido por el actual gobierno. Sin dudarlo, respondí: la derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017 y anulada de un plumazo por el bukelismo el 23 de diciembre de 2024.

Sostengo mi respuesta con dos argumentos. El primero es que la prohibición de la minería metálica fue resultado de un amplio consenso nacional, en el cual diversos sectores sociales, políticos, académicos, religiosos y gremiales coincidieron en que esta industria extractiva es inviable en El Salvador, debido a su estrechez territorial, alta densidad poblacional, grave deterioro ecológico y creciente estrés hídrico.

Se valoró que, con estas condiciones territoriales, demográficas y ambientales, la minería causaría un desastre socioambiental de graves proporciones, que pondría en riesgo la existencia misma del país, especialmente por el uso intensivo de agua y químicos mortíferos como cianuro, la destrucción de ecosistemas, el manejo de desechos mineros, entre otros problemas.

El consenso nacional antiminero podría considerarse el segundo gran acuerdo nacional, después de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la cruenta guerra civil. Por tanto, la prohibición minera resultada de ese consenso no podía ser revertida de la manera en que lo hizo el oficialismo. Debió, en todo caso, ser resultado de una nueva discusión y de otro consenso nacional.

Sin embargo, el actual gobierno, concretamente el presidente inconstitucional Nayib Bukele, se adjudicó el derecho (que no tiene) de revertir la prohibición minera y ordenó a sus diputados la aprobación de la nueva Ley General de Minería, en un clásico madrugón, al mejor estilo de “los mismos de siempre”: sin ningún debate, sin estudios técnicos, sin escuchar a los expertos y contra la opinión de la mayoría de la población que no quiere minería.

Y el segundo argumento es que la ley derogada no era una medida cualquiera, sino una que protegía el agua, los ecosistemas, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones. Por tanto, su derogación es terriblemente irresponsable porque ha puesto otra vez en grave peligro, en peligro de muerte, a la población salvadoreña.

Cualquier otro abuso cometido por este gobierno sería reversible y corregible en una etapa post dictadura: la institucionalidad desmantelada puede ser reconstruida, políticas económicas fallidas pueden ser revertidas y cualquier otra medida errática puede ser corregida; pero los daños ambientales de la minería serían más difíciles de revertir, incluso algunos, como el drenaje ácido de metales pesados, serían irreversibles.

Así que, por tratarse de un acuerdo nacional y por representar una medida de protección de la vida, la reversión de la prohibición de la minería es el “peor abuso” del régimen de Bukele. Por eso es oportuno el llamado que hicieron esta semana comunidades históricas, grupos religiosos y organizaciones ambientalistas a exigir el restablecimiento de la prohibición de la minería metálica.

En el marco del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, exhortaron de manera  urgente a todos los sectores del país a exigir la derogación de la actual ley que favorece la minería. “Llamamos al país a cuidar las fuentes de agua, proteger nuestros escasos bosques y salvaguardar la continuidad de la vida en nuestra Casa Común”, manifestaron los manifestantes ambientalistas en Chalatenango, Cabañas y Bajo Lempa.

Recordaron que la ley prohibitiva la minería se logró tras una larga lucha social y su texto “fue escrito con la sangre de los mártires ambientalistas Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, quienes murieron por defender el agua, la tierra y la vida amenazados por proyectos mineros”.

Las comunidades denunciaron, como señales del avance de la reactivación minera, la amenaza de desalojo de comunidades en Cabañas y la firma del nefasto convenio comercial con Estados Unidos que facilita la llegada de empresas mineras de dicho país. El acuerdo comercial también plantea la posibilidad de instalar plantas nucleares y traer desechos radioactivos, lo cual amenaza aún más la salud y la vida  en el país.

Señalan que el desastre ambiental por la minería sería aún mayor si se realizara la veintena de proyectos mineros ubicados sobre la cuenca del Río Lempa. “(Si hay minería) en pocos años el principal afluente nacional sería un charco de agua con cianuro y drenaje ácido de metales pesados, como ya está el Río San Sebastián (en La Unión)”, advierten las comunidades y organizaciones.

Esperemos pues, que -por el bien del agua, el medioambiente, la salud y la vida de las generaciones actuales y venideras- el país se ponga a la urgente y decisiva tarea de revertir el más grave abuso cometido por el bukelismo y restablezca la prohición de la minería metálica.

Ojalá que así sea.

*Periodista y activista ambiental.