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César Ramírez
@caralvasalvador
El despido de más de setecientos empleados gubernamentales, las acciones ejecutadas por sus ministros al cumplir las órdenes sin procesos constitucionales, el traslado de reos sin juicio previo e imposición de castigos sin intervención jurídica de los acusados, la destitución de funcionarios policiales sin debido proceso interno de la institución, etc. constituyen un severo peligro para la Constitución de la República y la Comunidad Jurídica.
El contenido de estas acciones tiene una característica política, puesto son considerados (en el caso de los empleados gubernamentales) miembros del FMLN y en consecuencias todas las secretarías involucradas, por lo tanto, las personas o familiares son “agentes políticos”, de esa manera se les identifica como un colectivo ideológico, en otras palabras, son ¡comunistas! No es una nueva forma de gobernar, es el estilo de los viejos gobiernos autoritarios.
En profundidad es un error político de graves consecuencias, en primer lugar: activa los mecanismos de defensa jurídicos con más de sentencias demandas de amparo ante la Sala Constitucional; en segundo lugar: genera desempleo, las setecientas personas desempleada ¿colocarán sus Hojas de Vida en empresas privadas, organismos internacionales?; en tercer lugar: se constituye un precedente cultural de exclusión, de ahora en adelante cada nueva administración podrá disolver a su antojo toda iniciativa anterior, enarbolando la bandera del odio puesto que son parte de la antigua administración, estas acciones generan intolerancia, provocan exclusión hacia un partido político, además elimina la Racionalidad Política (esa que prevé alianzas para toda la nación, sin distingos de colores partidarios como el problema del agua, cambio climático, pensiones etc.).
Las órdenes presidenciales están dañando el tejido constitucional, parece que no somos República sino empleados de una empresa privada, los ciudadanos tenemos derechos adquiridos después de una larga guerra civil; además el linchamiento y calificativos hacia personas significa una muerte civil, en muchos casos sin juicio previo, sin acusaciones firmes, con presunciones fantasmas, de esa forma estas acciones se convierten en actos crueles por aquellos “voluntarios ejecutores” de las órdenes superiores, es un fenómeno histórico.
Se repite la historia: la orden de una autoridad es concretada por ejecutores a discreción, ello genera atropellos a ciudadanos.
Solo falta un colapso económico mundial como en 1929 para que repitamos la tragedia, en conclusión: la Comunidad Jurídica debe pronunciarse, la democracia permite la diferencia de opiniones, somos República, somos nación reunidos bajo la Constitución. www.cesarramirezcaralva.com
