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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Apolonio Tobar, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), exhortó al gobierno para que las once medidas económicas anunciadas satisfagan las necesidades de la población, y con ello garantizar un desarrollo sostenible.
Externó que las medidas relacionadas con el subsidio del gas propano deberán ser reflejadas en cada hogar salvadoreño y en los diferentes comercios alimenticios, sumado a ello la exoneración de impuestos por un año a 20 productos alimenticios y la autorización de importación de productos comestibles a proveedores con permisos en diversos países.
Agregó que constituyen dos medidas concretas de beneficio para la población, la suspensión de $0.16 por galón de combustible en el cobro del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), conocido como impuesto de guerra, y $0.10 por galón de la contribución del Transporte Colectivo (COTRANS).
Tobar señaló, mediante un pronunciamiento, que las medidas encaminadas a desarrollar el control y supervisión del efectivo cumplimiento de la ley al cobro de la tarifa del transporte colectivo, aprobada por el Viceministerio de Transporte (VMT) y del peso exacto de los cilindros de gas propano, corresponden a la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de la población.
Para la PDDH, las medidas están vinculas con lo establecido en la Constitución de la República, y el compromiso adquirido por El Salvador, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya que el Estado debe velar y garantizar los derechos humanos de la población.
El procurador instó a las autoridades gubernamentales y no gubernamentales a unir esfuerzos, para que dichas acciones protejan los derechos humanos de los más vulnerables y puedan ser progresivos en el tiempo.
El funcionario hizo un llamado a la población salvadoreña a estar atenta sobre el cumplimiento de las medidas anunciadas, así como denunciar cualquier incumplimiento ante la Defensoría del Consumidor (DC), Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Económica, VMT y la Policía Nacional Civil (PNC).
“Como parte de las competencias constitucionales y legales de la PDDH, ofrecemos nuestro acompañamiento para desarrollar un trabajo articulado que permita el cumplimiento de medidas en favor de la población salvadoreña”, afirmó Tobar.
