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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
En el tercer informe descriptivo y evaluativo del sistema de financiamiento de la política en El Salvador, presentado por el Centro de Monitoreo, Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana, correspondiente a 2017, se destaca que los partidos políticos no han detallado todos sus gastos, pues es posible que sus financistas estén renunciando al derecho de exención.
Eduardo Escobar, representante de Acción Ciudadana, explicó que los donantes de los partidos políticos varían entre el listado y los registrados en el estado de resultado. Hay partidos que reportan menos donaciones a Hacienda de la que tienen en su contabilidad y hay partidos que reportan al fisco más donaciones de las que, según su contabilidad, recibieron.
Escobar detalló que en 2017 los ingresos de los partidos políticos ascendieron a 13 millones 70 mil 622.66 dólares, mientras que los gastos fueron de 9 millones 969 mil 676.85 dólares, es decir, los partidos no reportaron al Ministerio de Hacienda $759,043.12, provenientes de donaciones privadas en el 2017.
“La información que nos dan los partidos no nos permite decir de forma categórica que existe financiamiento ilegal, pero sí podemos decir que las condiciones están dadas para que esto suceda. Los partidos políticos no pueden seguir escondiendo información, esto implica que apliquen una transparencia activa”, manifestó el representante de Acción Ciudadana.
Asimismo, agregó que en el último año el financiamiento privado de los partidos representó el 53% de sus ingresos y el 47% corresponde al financiamiento público, aproximadamente 53 mil personas fueron reportadas como donantes.
“Existen sectores que con sus donaciones ejercen fuerza dentro de la política”, recalcó Escobar.
De acuerdo a los datos, el financiamiento del partido ARENA crea un radio de influencia amplia de los financistas, donde el 0.27% de donantes son personas jurídicas, pero son los que aportan el 66% de las donaciones privadas.
Mientras que el FMLN encabeza el financiamiento desde los empleados y funcionarios públicos. La misma modalidad se observa para el partido GANA.
Una de las revelaciones del informe es que el monto de donaciones que provienen de empleados y funcionarios públicos es el segundo sector que aporta más a los partidos en este periodo.
Este hecho demanda revisar las contrataciones de las instituciones estatales, para verificar si las plazas de estos financistas de partidos fueron creadas solo para tener una fuente de financiamiento.
Para los representantes de Acción Ciudadana es necesario que el financiamiento de la política sea legal, transparente y pública, debe existir una entidad que controle y fiscalice a los partidos, a fin de que estos rindan cuentas del origen y destino de los fondos que utilizan en sus campañas electorales y en tiempos ordinarios.
Por lo cual, el Tribunal Supremo Electoral debe contar con la unidad de fiscalización de partidos, para que de esta manera se tenga certeza del origen lícito de los fondos que reciben los institutos políticos y se garantice el respeto de las reglas del financiamiento electoral.
