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viernes , 22 junio 2018
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El Parlamento de Cataluña pone a punto su choque frontal con Madrid

El Parlamento de Cataluña pone a punto su choque frontal con Madrid

Por Daniel Bosque/Álvaro Villalobos

Barcelona/AFP

En medio de una fuerte bronca, el Parlamento catalán empezó a debatir este miércoles la ley con la que quiere convocar el referéndum de independencia del 1 de octubre, impugnada de inmediato por Madrid.

En una sesión muy tensa marcada por abucheos y gritos de la oposición a la presidenta de la cámara Carme Forcadell, los diputados acordaron por mayoría incluir en el orden del día la votación de la ley.

Lo harán de forma urgente, ya que en una segunda votación, una mayoría de diputados acordó prescindir de los habituales trámites parlamentarios, lo que generó la ira de la oposición. En un momento dado se vio a Inés Arrimadas, líder del principal partido opositor en Cataluña, Ciudadanos, llevándose las manos a la cabeza.

El referéndum está previsto el 1 de octubre, y en él se preguntará a los catalanes si quieren que esta región de 7,5 millones de habitantes (16% de la población española) se convierta en un “Estado independiente en forma de república”.

Sin embargo, para celebrarse efectivamente deberá superar la batalla jurídica desplegada por el gobierno español, que se opone de plano a la consulta reiterando que es incompatible con la Constitución.

En una comparecencia de prensa, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, fustigó la forma en que se admitió a trámite la ley del referéndum, “una patada a los catalanes”, más propia según ella de “regímenes dictatoriales”.

Concretamente, anunció que el ejecutivo “ha solicitado al Tribunal Constitucional que declare nulos y sin efectos los acuerdos adoptados” en el Parlamento catalán, lo que significa que pide al alto tribunal bloquear la votación prevista.

Por su lado, la fiscalía ha anunciado además que se va a querellar “por desobediencia” contra Forcadell y otros responsables de la cámara por permitir que se tramite la ley.

En principio, el texto no tendrá problemas para salir adelante, ya que los independentistas son mayoritarios en la cámara catalana.

Acto seguido, se espera que el gobierno regional catalán firme el decreto de convocatoria del referéndum. Hará así caso omiso del Constitucional, que ha declarado ilegal la consulta.

 La votación se produce por cierto tres semanas después de los atentados yihadistas que enlutaron Cataluña y dejaron 16 muertos y más de 120 heridos.

La oposición socialista, con el gobierno

Cataluña experimenta desde 2010 un brote de fiebre secesionista, en parte alimentada por la crisis y el sentimiento de haber sido tratada injustamente por el Estado central.

La anulación parcial en 2010 por el Tribunal Constitucional de un Estatuto que desde 2006 otorgaba nuevas competencias a la región y el título de “nación” fue el desencadenante.

Años más tarde, el gobierno de esta región con cultura y lengua propias, que representa el 20% del PIB de España, prometió finalmente impulsarla hacia la independencia, especialmente tras la victoria en septiembre de 2015 de una mayoría separatista.

Rajoy respondió con una “operación diálogo”, prometiendo nuevas inversiones en la región, pero sin ceder en lo esencial: la exigencia de organizar la consulta que permita a los catalanes decidir su futuro, a imagen de los escoceses en 2014.

“Es un ataque a la democracia y a la integridad de nuestro país”, dijo por su lado el líder de la oposición socialista, Pedro Sánchez, que manifestó su apoyo al gobierno de Rajoy.

Fatiga y división

La opinión pública de la región está dividida y el debate, omnipresente en los medios y las conversaciones, ha llegado a enemistar a familias. Pero más del 70% de los catalanes quiere una consulta que zanje el tema de una vez por todas.

“Votar, salga si o salga no, es un paso muy importante, un salto adelante para demostrar que somos nosotros quienes decidimos qué queremos hacer”, comentaba Ramon Sanmartín, un ingeniero industrial jubilado de 67 años, mientras paseaba por el parque de la Ciutadella, donde está el Parlamento.

“Espero que se apruebe la ley, es la ilusión que tengo. Y espero sobre todo… que nos dejen votar. La situación genera inquietud. No sabemos qué pasará”, añadió.

El 9 de noviembre de 2014, el ejecutivo catalán organizó una consulta, entonces no vinculante pero también prohibida por la justicia en la que participaron 2,3 millones de personas (sobre un cuerpo electoral de unos 6,3 millones), dando una amplia victoria al “sí”.

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